¡Escándalo en Brasil! La FIFA investiga el fichaje de Ancelotti por pago a intermediario "fantasma"

El esperado arribo de Carlo Ancelotti a la selección brasileña, presentado como una apuesta de prestigio para devolver la gloria a la Canarinha, ahora enfrenta serias dudas.

La FIFA abrió una investigación sobre la contratación del técnico italiano debido al pago de 1,2 millones de euros a un intermediario sin acreditación oficial.

La comisión fue destinada a Diego Fernandes, un empresario brasileño radicado en Madrid, quien actuó como nexo entre la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), el entorno del entrenador y el Real Madrid. Fernandes, quien no posee licencia de agente emitida por la FIFA, figura en los documentos oficiales del contrato firmado con Ancelotti.

El anuncio de la llegada del entrenador se hizo en diciembre de 2023, días antes de que Ednaldo Rodrigues fuera destituido como presidente de la CBF por orden judicial. La rapidez en el cierre del acuerdo y la contratación del empresario han despertado sospechas sobre la legalidad del procedimiento.

La FIFA, mediante su Unidad de Regulación de Agentes, exigió a la CBF la entrega de documentación clave antes del 4 de junio, justo un día antes del debut oficial de Ancelotti con Brasil frente a Ecuador.

En el centro del conflicto se encuentra el artículo 11 del nuevo Reglamento de Agentes, que prohíbe a personas no autorizadas participar en operaciones de fichajes o representaciones.

La visibilidad pública de Fernandes, que incluso acompañó a Ancelotti en su vuelo a Río de Janeiro y contrató una agencia de comunicación para destacar su rol, ha generado tensión interna en la CBF. La nueva dirigencia, encabezada por Samir Xaud, busca distanciarse del escándalo mientras se prepara para el arranque de la era Ancelotti.

El técnico italiano tiene contrato hasta el Mundial 2026 y percibirá 10 millones de euros anuales. Sin embargo, la polémica amenaza con opacar su debut y poner en entredicho la transparencia de su contratación. La FIFA ya ha intervenido en casos similares en África y Asia, y este podría ser el primer expediente de su tipo en Sudamérica desde la implementación del nuevo reglamento en 2023.