En Bolivia Carbon Forum plantean al Gobierno impulsar una ley para el mercado de carbono competitivo

Durante el Bolivia Carbon Forum, el socio de Ferrere Bolivia, Diego Villarroel, señaló que el nuevo Gobierno de Rodrigo Paz debería impulsar una normativa que permita desarrollar un mercado de créditos de carbono competitivo, con reglas claras que atraigan inversión y que combine tres pilares: libertad empresarial, ética ambiental y responsabilidad.

En el marco del foro internacional sobre mercados de carbono que se desarrolla en Santa Cruz, Villarroel explicó que Bolivia ya cuenta con algunas bases normativas para regular este sector, como el Decreto Supremo 5264, que establece lineamientos generales para el mercado de carbono y el financiamiento climático.

Según el especialista, esta normativa asigna funciones clave al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, además de crear instrumentos como el registro nacional de proyectos de carbono (RENAP), que permitirá la certificación y seguimiento de estas iniciativas.

No obstante, advirtió que el modelo institucional actual es altamente centralizado, ya que establece que los créditos de carbono generados en el país deben ser negociados únicamente por el Ministerio de Economía, incluso cuando se trate del mercado voluntario.

“Esto es una regulación un poco atípica respecto a lo que sucede en la región”, explicó Villarroel.

El abogado detalló que en el mercado internacional existen dos grandes tipos de mercados de carbono: el regulado o de cumplimiento, en el que los países comercian créditos para cumplir compromisos climáticos, y el voluntario, en el que empresas privadas compran créditos para compensar sus emisiones dentro de sus políticas ambientales y corporativas.

A su juicio, la normativa boliviana actual no diferencia claramente entre ambos mecanismos, lo que puede generar más trámites, mayores costos y retrasos en las negociaciones entre actores privados.

“El mercado voluntario suele funcionar directamente entre privados, con supervisión del Estado, pero no necesariamente con una intermediación obligatoria”, sostuvo.

Villarroel explicó que esta centralización podría reducir la agilidad del mercado y generar incertidumbre entre los inversionistas interesados en proyectos ambientales en Bolivia.

Frente a este escenario, el experto planteó la necesidad de avanzar hacia una normativa más clara y competitiva que permita desarrollar el mercado voluntario de carbono en el país.

Entre las condiciones mínimas para lograrlo mencionó la diferenciación normativa entre el mercado regulado y el voluntario, reglas claras para cada uno y un rol del Estado orientado a la supervisión y garantía del cumplimiento ambiental.

En ese contexto, consideró que el país podría avanzar hacia un modelo más eficiente si se impulsa una nueva legislación que ajuste las disposiciones actuales.

“Avizoramos que en el futuro próximo se pueda contar con una normativa coherente con los estándares internacionales y avanzar hacia un mercado racional donde prime la libertad empresarial, la ética y la responsabilidad”, afirmó.

El especialista concluyó que el desarrollo de un mercado de carbono transparente y competitivo podría abrir oportunidades de inversión climática para Bolivia, siempre que exista coordinación entre el sector público y privado.