Gobierno anula 161 decretos de contratación directa y ordena auditorías por presunta corrupción

El Gobierno nacional anuló este lunes 161 decretos que habilitaban la contratación directa de obras, al considerar que facilitaron irregularidades en el uso de recursos públicos. La decisión fue presentada en La Paz por el presidente Rodrigo Paz, junto a autoridades del área económica.

Según datos oficiales, estas normas permitieron movilizar alrededor de 1.235 millones de dólares en los últimos 20 años, durante administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y el actual periodo gubernamental.

“Este decreto es un ataque directo a un modelo… de la corrupción que se desarrolló durante 20 años”, afirmó el mandatario.

Alcance de los decretos anulados

El Ejecutivo detalló que 105 de los decretos eliminados otorgaban amplia discrecionalidad para el manejo de recursos en proyectos públicos. Entre los ejemplos citados figura la construcción del Museo de Orinoca, dedicado a Evo Morales, con un costo aproximado de 8 millones de dólares.

El presidente sostuvo que la adjudicación sin licitación derivó en obras con fallas, inconclusas o abandonadas, incluyendo hospitales, escuelas y aeropuertos sin operación comercial.

“La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa”, declaró.

Críticas al sistema de adjudicación

Desde el Gobierno se afirmó que este mecanismo operó en distintos niveles del Estado. Según la versión oficial, el acceso a contratos de gran escala dependía de vínculos políticos o personales, sin controles suficientes.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que el impacto se refleja en infraestructura pública deficiente y proyectos sin uso.

“Hay hospitales que no funcionan y elefantes blancos por todas partes”, indicó.

Nuevas medidas y controles

Las autoridades anunciaron que, tras la derogación, todas las contrataciones deberán seguir procesos transparentes y verificables. También se eliminarán mecanismos que permitan direccionar adjudicaciones.

Además, el Gobierno informó que iniciará auditorías a contratos previos para determinar posibles responsabilidades.