Gobierno denuncia toma ilegal de planta Ecebol en Potosí

El gobierno nacional denunció este viernes la toma ilegal de la Planta de Cemento (Ecebol) en Potosí, protagonizada por un grupo de personas cuyos contratos eventuales concluyeron el 31 de diciembre de 2025, y advirtió sobre un grave daño económico al Estado producto de contrataciones irregulares realizadas en la gestión anterior.

El gerente general del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), Roberto Justiniano, calificó la ocupación de la planta como un atentado contra el patrimonio estatal y expuso un esquema de uso indebido de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro).

Según la autoridad, los fondos del Finpro provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN) estaban destinados exclusivamente a la construcción e implementación tecnológica de la planta, pero fueron utilizados para pago de sueldos, contraviniendo la normativa vigente.

“Hay que decir las cosas claras: el préstamo del FINPRO es para maquinaria e infraestructura, no para planillas salariales. Se usó dinero de inversión para gasto corriente en una planta que aún estaba en construcción”, afirmó.

Contrataciones irregulares

El informe técnico del Sedem detalla que en 2023 se registraron irregularidades administrativas severas. El manual de cargos contemplaba hasta 15 contrataciones para la etapa de transición; sin embargo, se contrató a 80 personas. Además, se pagaron salarios por la operación de equipos que aún no estaban instalados, consumiendo capital de inversión antes de iniciar la producción.

Justiniano desmintió la versión de despidos masivos y recordó que el personal movilizado conocía el carácter temporal de sus contratos.

“No podemos sostener un modelo ilegal que se come los recursos del Estado antes de producir la primera bolsa de cemento”, sostuvo.

Finalmente, las autoridades llamaron a deponer actitudes violentas y exhortaron a los comunarios y sectores movilizados a no dejarse instrumentalizar, reafirmando el compromiso de transparentar la gestión y proteger los recursos públicos.