Boluarte promulga en Perú ley de amnistía a militares cuestionada por organismos de DDHH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que dejó cientos de millas de víctimas entre 1980 y 2000.

La mandataria, que batió récords de impopularidad, desafió el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de abstenerse de poner en marcha una norma que puede afectar los derechos de las víctimas.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La fiscalía, por su parte, calcula en 20.000 la cifra de desaparecidos.

Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte justificó la promulgación de la norma aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio.

"Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia", sostuvo.

Según la disposición, la amnistía se aplicará a uniformados y civiles que no hayan sido aún sentenciados por la justicia. También prevé la excarcelación de los condenados mayores de 70 años.

Sus promotores creen que así se cerrarán procesos judiciales que están abiertos desde hace más de tres décadas.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.

 "Traición a las víctimas" 

Boluarte rechazó las críticas a la amnistía: "nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado oa la sociedad peruana a subvertir las leyes de la República. Exigimos respeto".

En ese sentido, demostró que los críticos de la norma se ponen del "lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas".

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que agrupa a familiares de las víctimas, cuestionó la promulgación de la ley porque "blinda a policías y militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos".

Además, deja "sin justicia a millas de familias que llevan más de 40 años luchando por verdad y reparación", agregó la organización en un comunicado.

También Human Rights Watch afirmó que la norma es "una traición a las víctimas peruanas", de acuerdo con lo expresado en un mensaje por Juanita Goebertus, directora para las Américas del organismo.

Las familias de las víctimas ya habían manifestado "mucha indignación, dolor y rabia" por la amnistía, según dijo a la AFP Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por uno de los denominados "escuadrones de la muerte" del ejército en 1992.

Antes de esta amnistía, Perú había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

Esa iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman "Ley de Impunidad", benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevados a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.