Abusos sexuales en cárcel de ICE pone en aprietos a Trump

Dos refugiados detenidos en la cárcel de ICE por varios meses han demandado al gobierno del presidente Donald Trump por el trauma psicológico que ha dejado en ellos y en sus dos hijos la separación familiar, así como por el abuso sexual que padecieron los menores en las casas de crianza a las que fueron enviados.

Los demandantes sólo fueron identificados como Abel y su hijo Obet de 8 años, y José y su hija Herlinda de 6 años, originarios de Guatemala, quienes en 2018 llegaron por separado a la frontera de Arizona para pedir asilo, pero ambos padres fueron encarcelados mientras que los niños fueron enviados a casas de crianza después de pasar un tiempo en las jaulas de ICE.

En el documento presentado este viernes en una corte federal de Arizona se acusa a la administración de Trump de negligencia, de causar deliberadamente daño emocional y de implementar políticas crueles y anticonstitucionales que separan a las familias. Ambos padres señalan que sus hijos todavía sufren del trauma que les dejó el haber sido separados a la fuerza por el gobierno de Estados Unidos y enviados a vivir con familias desconocidas.

Mientras Abel pasaba meses en diferentes cárceles de ICE ubicadas en Arizona, Georgia y Texas, a su hijo Obet lo trasladaron a un hogar de crianza en Nueva York, donde fue víctima de abuso sexual. En las tres mismas cárceles de inmigración estuvo José mientras que a su hija Herlinda la pusieron también en una casa de crianza en Nueva York, donde la niña, que en ese entonces tenía 5 años de edad, fue tocada de manera inapropiada.

Como consecuencia de la detención, el encarcelamiento, la separación de sus padres y sus vidas en hogares de crianza, Obet padece síntomas de desorden de estrés post-traumático, sufre ansiedad extrema, suele tener pesadillas y recuerda con frecuencia experiencias traumáticas, en tanto que Herlinda también presenta síntomas de PTSD y pesadillas, además de que tiene impulsos de ira y sufre de baja autoestima.

La demanda busca una compensación de $3 millones de dólares para cada familia por los daños que de forma intencional causaron en ellos las políticas del presidente Trump.