Congreso rechaza juicio político contra presidente de Chile

La Cámara de Diputados de Chile rechazó el jueves avanzar en un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante la ola de protestas que ha sacudido el país por casi dos meses.

Con 79 votos, los congresistas aprobaron la defensa presentada por el mandatario, bloqueando la posibilidad de continuar la causa impulsada por parlamentarios de oposición.

Con esto, no se analizará el “fondo” del libelo con el que se pretendía destituir al Mandatario, que lo responsabilizaba  por las “graves violaciones a los Derechos Humanos cometidos desde el estallido social” y se le acusaba de comprometer “gravemente el honor de la nación” y de haber “infringido” la Constitución.

Este escenario había sido previsto desde el sector luego de que parlamentarios de la Democracia Cristiana y el Partido Radical adelantaran que no respaldarían la acusación argumentando que éste no contaba con los “requisitos mínimos de admisibilidad”. Finalmente, cuatro legisladores DC (Matías Walker, Jorge Sabag, Miguel Ángel Calisto y Manuel Matta), tres integrantes del comité PR (Carlos Abel Jarpa, Fernando Meza, Pepe Auth) y el independiente René Alinco acogieron la cuestión previa que requería votación simple.

En su intervención, el abogado de Piñera, Juan Domingo Acosta, sostuvo que en la acusación presentada por un sector de la oposición “no se imputan actos, como debieran haberse imputado para que una acusación pueda ser admisible, solo omisiones. Dos, no se imputan actos personales, sino de otros. Y en lo referente a haber tolerado, no son acciones que se imputen ni actos de administración”.

“Esta acusación no es admisible, no cumple con los requisitos de la Constitución de la República”, agregó Acosta.

Posteriormente, fue el turno de los diputados integrantes de la comisión que revisó la acusación y que ayer recomendó aprobar el libelo.

“El Presidente de la República es la cabeza del Gobierno, lo que supone la existencia de un sistema jerárquico y coordinado, donde las acciones del órgano público se pueden reconducir a la cabeza de este, aunque no haya sido esa cabeza, el ejecutor del acto material vulneratorio. Al presidente, en este caso, se le imputan decisiones, conducentes a acciones y omisiones, que luego habilitaron o permitieron la actuación material de otros agentes estatales aguas abajo, de manera tal que la responsabilidad por estos actos le resulta plenamente atribuible”, sostuvo el diputado Gastón Saavedra (PS).

Fuente: Reuters y La Tercera de Chile.