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Familia de Colodro decidió apartarse y desconocer las investigaciones del caso

En un comunicado emitido por Global Human Rights League, la familia del exinterventor aseguró que mantiene vigente la decisión de presentar una denuncia y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Este martes se realizó una nueva pericia al lugar donde ocurrió el incidente (Foto: APG Bolivia)
Santa Cruz, Bolivia

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Global Human Rights League emitió un comunicado sobre la muerte del interventor del exBanco Fassil, Carlos Alberto Colodro. La organización internacional sin fines de lucro calificó el hecho como “un crimen macabro” que, a su parecer, “no está siendo investigado de forma transparente”.

Mediante este, confirmaron que la familia de la víctima ha decidido “apartarse del proceso, no reconociendo ni convalidando ninguna actuación procesal y simplemente esperando que las autoridades tomen decisiones responsables y transparentes, sin utilizar la muerte de su padre como una herramienta política o jurídica para dañar su buen nombre ni atentar contra la familia”.

La institución denuncia que se ha negado a la familia el derecho de participar o proponer peritos de parte, en las investigaciones del hecho que ocurrió la noche del pasado 27 de mayo en la zona de la avenida San Martín, en Santa Cruz.

Además, mencionaron sus dudas sobre la supuesta carta póstuma que dejó el interventor y que el informe grafológico afirmó que fue escrita por él fallecido.

“Desde que el ministro de Gobierno hizo pública una supuesta carta póstuma, la cual claramente no corresponde al estilo de escritura, habla o referencias que él solía utilizar, por ello se ha tenido que realizar un estudio grafológico (…) Se nos ha negado el derecho de participar y proponer peritos de parte, así como entregar documentación como cartas, documentos, notas y cuadernos donde se encuentran las letras o los grafismos del Dr. Colodro. Esto es inaceptable, ya que el propósito fundamental de la justicia es transparentar los sucesos o llegar a la verdad”, dice el documento.

Aseguran que se le negó el acceso al portafolio digital o actos investigativos que se están desarrollando al abogado de la familia, Jorge Valda, pese a que participó de forma activa en los registros (edificio Ambassador) además de la autopsia y declaraciones de la pareja de la víctima.

“Solo se ha proporcionado la parte del ministerio de gobierno, el cual estaría cometiendo una intromisión y una injerencia ilegal indebida en este proceso”, agrega.

Aseguran que no existen condiciones para “buscar la verdad de los hechos” por lo cual la familia mantiene vigente la decisión de presentar una denuncia y una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Global Human Rights League indicó que se presentarán en el proceso como denunciantes para seguir esclareciendo un hecho “que parece ser utilizado como un mecanismo de instrumentalización para perseguir, apresar, forzar al destierro y destruir vidas enteras, familias, así como consolidar el control del departamento de Santa Cruz”.

 

 

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