Allanan oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz por presunta manipulación informática

La Fiscalía, a través de su Unidad Anticorrupción, inició una investigación formal por un presunto delito de manipulación informática que involucra a funcionarios públicos y particulares vinculados a las oficinas de Derechos Reales en Santa Cruz.

El caso gira en torno a la eliminación irregular de una anotación preventiva registrada en el folio real de un bien inmueble, hecho que habría habilitado su comercialización, a pesar de tener un gravamen activo. La anotación correspondía a una medida preparatoria de reconocimiento de firmas y rúbricas.

Como parte de las pesquisas, el Ministerio Público realizó este martes un allanamiento a las oficinas de Derechos Reales ubicadas dentro del Colegio de Abogados, en pleno centro de la ciudad, sobre la calle 24 de Septiembre. En estos espacios operan tres dependencias que procesan trámites registrales por su cercanía al Palacio de Justicia.

Según un informe preliminar, el procedimiento fue activado tras la denuncia del propietario afectado, quien alertó sobre la desaparición de la anotación preventiva en la matrícula computarizada de su inmueble. Todo apunta a que la supresión fue ejecutada mediante un acceso indebido o manipulación directa del sistema informático de Derechos Reales.

La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, confirmó que se investiga por los delitos de manipulación informática y falsedad material. “Hemos realizado una inspección y, con base en los resultados y otros actos investigativos, tomaremos decisiones en los próximos días”, declaró.

Por su parte, la abogada denunciante, Margarita Medrano, aseguró que la anotación que ingresó de forma regular fue eliminada sin justificación del sistema. “Presenté una anotación preventiva que aparece en certificados emitidos, incluso por el propio Rodrigo Fernando Melgar Rivera. Pero luego simplemente desaparece del sistema, y él logra vender el inmueble a otra persona”, relató.

Medrano afirma haber sido víctima de una operación fraudulenta. “Yo entregué tres inmuebles y 50 mil dólares en efectivo. El monto total ascendía a 655 mil dólares. Sin embargo, él vendió el inmueble a un tercero, quien inscribió su derecho propietario al día siguiente de que se eliminara mi anotación”, denunció.

Durante el allanamiento, Medrano también observó la actitud pasiva de los funcionarios judiciales. “En presencia de la policía y de la fiscal, un funcionario reconoció haber incurrido en incumplimiento de deberes. Aun así, no se procedió a la aprehensión ni a una imputación, pese a tratarse de un delito flagrante”, concluyó.