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Asamblea Permanente de DDHH afín al MAS se pronuncia contra el paro cívico en Santa Cruz

La APDH recordó al “Estado boliviano la obligación irrenunciable de proteger a sus ciudadanos".

10/11/2022 11:20

Uno de los puntos de bloqueo en Santa Cruz. Foto: Roger Barba @APGNoticiasBo
Santa Cruz, Bolivia

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Este jueves, a través de un comunicado, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH), afín al Movimiento al Socialismo (MAS), presidida por Edgar Salazar, acusó a la Gobernación de Santa Cruz de aplicar un "terrorismo de Estado" para obligar al pueblo cruceño a cumplir el paro indefinido que ya lleva 20 días.

“La Gobernación de Santa Cruz es una entidad estatal, pero en este conflicto reemplazó sus competencias departamentales de gobierno por actos típicamente considerados como terrorismo de Estado, condenado por el sistema americano de Derechos Humanos”, asevera la APDH en un comunicado divulgado en las últimas horas, citado por la agencia ABI.

La entidad asegura que, desde hace 20 días, “grupos armados de explosivos, armas de fuego y objetos utilizados a modo de garrotes, se encargan de hacer cumplir el atentatorio paro de actividades de la vida urbana, dispuesto por la Gobernación y el denominado Comité Cívico de Santa Cruz” en demanda de que el Censo se realice el año 2023.

Además de que los lugares de bloqueos, que impiden la circulación libre de personas y transporte público y privado, “se convirtieron en escenarios de alta peligrosidad convertidos en improvisadas cantinas, extremos denunciados por vecinos de barrios afectados por todos estos hechos”.

La APDH observa que los perpetradores de la violación colectiva de derechos humanos en Santa Cruz “ordenaron” que los mercados de abastecimiento de alimentos suministren por solamente cuatro horas los días martes y miércoles.

A la par recordó que, desde el miércoles, la “violencia política” en Santa Cruz se extendió a un asedió, refiriéndose a las “vigilias”, en los edificios estatales con el propósito de paralizar las actividades al público usuario.

Por último, la APDH recordó al “Estado boliviano la obligación irrenunciable de proteger a sus ciudadanos y de hacer cumplir las garantías y derechos constitucionales, implemento que conlleva responsabilidades internas y ante los organismos de derechos humanos”.

 

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