Caso Botrading: Justicia determina detención domiciliaria y fianza para gerente de YPFB

En el marco del sonado Caso Botrading, la justicia determinó este martes la detención domiciliaria y una fianza económica de 50.000 bolivianos para Cinthia Pedraza Rodríguez, gerente de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Pedraza se había presentado voluntariamente ante la Fiscalía de La Paz, donde declaró y posteriormente fue aprehendida.

Pedraza fue imputada formalmente por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos contra el Estado y conducta antieconómica. Según la Fiscalía, se encontraron suficientes elementos que vinculan a Pedraza con el hecho investigado y con las actividades relacionadas a la constitución y las relaciones comerciales entre la estatal petrolera y la empresa Botrading S.A.

Durante la audiencia de medidas cautelares, el fiscal argumentó la existencia de riesgos procesales:

• Peligro de fuga: Se señaló que la imputada tendría facilidad para abandonar el país, pues supuestamente pasaría más tiempo en el extranjero que en Bolivia.

• Peligro de obstaculización: Se mencionó que Pedraza podría influir en el resto de funcionarios de YPFB y exfuncionarios, así como en los co-imputados que aún no han declarado, incluyendo a la señora Sandra Betania Otazú, el presidente de YPFB Corporación, Rolando Ayala, y Miguel Ángel Colque.

Observaciones a la decisión

Pese a que el fiscal reconoció la existencia de riesgos de fuga y obstaculización, solicitó al juez la detención domiciliaria para Pedraza, permitiendo además salidas laborales, según observó el abogado Curmi Rocha, representante del denunciante en el caso Botrading.

Así, el jurista expresó su extrañeza y cuestionó la decisión. "Lo que nos extraña es que, pese haber reconocido el fiscal que existen riesgos de fuga y obstaculización, el señor fiscal solamente manifiesta y pide al juez que se le dé una detención domiciliaria con salidas laborales a la señora Cinthia Pedraza," indicó Rocha.

El abogado sugirió que esta postura podría implicar un "favorecimiento" o "parcialización" hacia la imputada, ya que permitirle asistir a su fuente de trabajo y fijar una fianza que considera baja podría facilitar la desaparición de documentación o su salida del país.

Hasta el momento, solo hay dos personas procesadas en este caso, que ha generado un presunto daño económico al Estado de $400 millones de dólares: Cinthia Pedraza y Félix Cruz, gerente de YPFB Refinación. Los denunciantes esperan que el caso se agilice y se logre la comparecencia de todos los involucrados.