Caso “Decretazo”: reprograman audiencia para el 22 de agosto por ausencia del gobernador Luis Fernando Camacho

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz volvió a suspender este miércoles, por decimosexta ocasión, la audiencia en el marco del caso denominado Decretazo, ante la ausencia del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, actualmente recluido en el penal de Chonchocoro, en La Paz. La nueva convocatoria fue fijada para el próximo 22 de agosto.

Las autoridades de Régimen Penitenciario no autorizaron el traslado de Camacho, argumentando que buscan evitar posibles interferencias con el proceso Golpe I, que permanece en statu quo mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resuelve un amparo constitucional presentado por su defensa, admitido hace varias semanas pero sin pronunciamiento hasta la fecha.

El abogado de Camacho, Martín Camacho, cuestionó duramente la decisión y recordó que su cliente debía estar presente desde la primera audiencia. “Aquí vemos la tozudez y el capricho de un gobierno que no quiere cumplir la ley y que ha basado su gestión en la ilegalidad”, afirmó.

El jurista anticipó procesos administrativos contra el gobernador de Chonchocoro por no acatar la disposición judicial y aseguró que las condiciones de seguridad para el traslado están dadas. Asimismo, advirtió que, de cumplirse tres años desde la denuncia, solicitará la extinción de la acción penal.

“Las 16 dilaciones son producto de un comportamiento contrario a la Ley de Régimen Penitenciario”, enfatizó.

Por su parte el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, coincidió en que la ausencia de Camacho en las audiencias vulnera su derecho a la defensa. Acusó al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y de mantener actitudes “dictatoriales”.

“El gobernador está secuestrado e injustamente detenido. Basta de poner intereses políticos por encima de la libertad. Se van a ir y vamos a restaurar la democracia en Bolivia”, sostuvo.

Vargas advirtió que el incumplimiento de determinaciones judiciales podría derivar en procesos contra las autoridades responsables y expresó su expectativa de que, tras las elecciones del domingo, la situación pueda cambiar.