El MAS cuestiona la anulación del proceso contra Leopoldo Fernández por el caso Porvenir y advierte riesgo de impunidad, mientras la oposición celebra la decisión como una reparación judicial.
05/08/2025 20:04
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La reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular el proceso ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el caso conocido como la Masacre de Porvenir, ha generado reacciones divididas en el ámbito político nacional.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, cuestionó el fallo del TSJ y exigió que se identifique y sancione a los responsables materiales e intelectuales de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2008 en el municipio de El Porvenir, donde al menos 16 personas perdieron la vida.
“Sabemos, los que hemos vivido el 2008, que fue un levantamiento civil con armas. Si existieron 16 o 17 muertos ese año, ¿quiénes fueron los autores? ¿Vinieron del cielo las balas? Eso no puedo entender”, expresó Flores en declaraciones a la prensa.
El legislador lamentó que, tras más de 15 años del suceso, el caso aún no haya sido completamente esclarecido, y advirtió que el fallo podría abrir la puerta a la impunidad.
Desde la oposición, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, celebró la decisión del TSJ y aseguró que el proceso contra Fernández fue un ejemplo del uso político del sistema judicial durante los gobiernos del MAS.
“Celebramos la victoria judicial del ex prefecto Leopoldo Fernández, quien ha sido una víctima del sistema judicial represor masista por más de una década”, afirmó Ormachea.
El parlamentario señaló además que está de acuerdo con que el caso pase a juicio de responsabilidades, como establece la normativa vigente para autoridades departamentales en ejercicio, y planteó que Fernández merecería incluso un perdón del Estado y un resarcimiento, por no haber sido juzgado conforme a la ley.
El Tribunal Supremo de Justicia determinó que Fernández fue procesado en la vía ordinaria sin el respeto al fuero especial correspondiente a su condición de autoridad en ejercicio durante los hechos. El caso fue derivado a la Fiscalía General del Estado para que se inicie el procedimiento de juicio de responsabilidades.
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