Con respaldo del BID, Centro de Gobierno coordinará acciones ​​​​​​​para acelerar la gestión pública

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anunció que el Gobierno pondrá en marcha un trabajo coordinado para dejar atrás el denominado “Estado tranca” y acelerar la ejecución de políticas estratégicas, con resultados concretos en el corto plazo.

La iniciativa será liderada por el Centro de Gobierno (CENGOB), que este viernes 6 de febrero reunió en Santa Cruz a ministros de Estado y directores generales de planificación en un encuentro de alto nivel. El objetivo es ordenar prioridades, eliminar cuellos de botella y transformar los compromisos presidenciales en acciones medibles.

“Las prioridades, las promesas y los discursos del Presidente deben convertirse en acciones concretas, medibles, cuantificables y monitoreables, que nos lleven a un sector público con cultura de resultados”, afirmó Lupo.

Según explicó, el mandato es claro: destrabar el Estado y romper las barreras internas que ralentizan la gestión pública. “Este proyecto busca destruir los hilos entre ministerios. Aquí los objetivos se transforman en objetivos de Estado, se ejecutan a nivel de cada ministerio y el Centro de Gobierno actúa como coordinador y facilitador para acelerar, destrancar y desburocratizar”, sostuvo.

Lupo detalló que durante la reunión se trabajará en la validación de acciones concretas con metas cuantificables, que permitan monitorear la evolución de los resultados. “Hoy vamos a trabajar sobre la validación de acciones con metas claras para ir viendo cómo avanzan los resultados”, indicó.

El ministro también destacó el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que, según dijo, cuenta con experiencia en la implementación de modelos de gestión similares en varios países. “El BID tiene un expertismo probado en la creación de estos elementos en muchos países exitosos”, señaló.

Asimismo, citó un estudio reciente sobre eficiencia del gasto público que, en el caso de Bolivia, estima pérdidas equivalentes a seis puntos del Producto Interno Bruto (PIB). “Es un costo mucho mayor de lo que representaba el subsidio a los carburantes”, remarcó.