Consejo de la Magistratura lanza plan para descongestionar cárceles y agilizar procesos judiciales

El Consejo de la Magistratura puso en marcha el “Plan Integral de Control, Transparencia y Descongestionamiento con Perspectiva de Género en Recintos Penitenciarios”, una iniciativa orientada a reducir el hacinamiento en las cárceles, disminuir la retardación de justicia y mejorar el acceso a la justicia para sectores vulnerables.

La estrategia contempla el despliegue mensual de brigadas móviles interinstitucionales en centros penitenciarios de los nueve distritos judiciales del país. Estas brigadas estarán conformadas por personal del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura, quienes brindarán atención directa a las personas privadas de libertad.

Las primeras brigadas iniciaron su trabajo este viernes 6 de marzo en los centros penitenciarios femeninos de Miraflores y Obrajes, en La Paz, donde se prevé la emisión gratuita de alrededor de 316 certificados del REJAP y CENVI para internas, según informó la agencia ABI.

El plan también contempla auditorías jurídicas y la implementación del mecanismo “Despacho Puertas Abiertas”, destinado a intervenir en procesos judiciales paralizados, especialmente en casos vinculados con violencia de género.

Según información, la población penitenciaria del país alcanzó los 33.058 internos hasta julio de 2025, lo que representa un hacinamiento superior al 105 % a nivel nacional.

La representante distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz, Gabriela Araoz, señaló que la medida busca responder a una deuda histórica del sistema judicial con las poblaciones más vulnerables.

“Anunciamos una medida estructural para saldar una deuda histórica de nuestro Estado: garantizar una justicia pronta para las poblaciones más vulnerables”, afirmó.

Araoz explicó que la intervención permitirá revisar procesos judiciales y priorizar casos de mujeres en situación de vulnerabilidad, como madres cabeza de hogar, mujeres embarazadas, adultas mayores o personas con enfermedades graves.

Asimismo, advirtió que el Consejo de la Magistratura aplicará una política de “cero tolerancia” a la retardación de justicia para identificar posibles responsabilidades de autoridades o servidores judiciales que retrasen los procesos de manera injustificada.

“El Consejo de la Magistratura aplicará una política de cero tolerancia a la retardación de justicia para identificar posibles responsabilidades de autoridades o servidores judiciales que retrasen los procesos de manera injustificada”, enfatizó.