Creemos denuncia que el Gobierno repuso el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas

 La senadora de Creemos, Centa Rek, denunció que el Gobierno del Presidente, Luis Arce, repuso el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales, que fue retirada ante un rechazo nacional masivo.

Dicho proyecto fue repuesto en la Cámara de Diputados con el número 280 bajo el nombre de Ley de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que en esencia es el PL 218 que fue presentado y retirado por el Órgano Ejecutivo a fines de 2021 luego de una serie de protestas sociales encabezadas por Santa Cruz.

Reveló que se mantiene el carácter persecutorio y de corte dictatorial para la sociedad boliviana y no toma en cuenta el reclamo de sectores empresariales, populares y sociales de la economía boliviana.

La legisladora manifestó que dicho proyecto conserva el peligro para el ejercicio democrático, las libertades ciudadanas y la convivencia dentro del país ante los cuales la ciudadanía protestó para no permitir que en Bolivia se instale una dictadura.

“Bajo el título de perseguir ganancias ilícitas o supuesto financiamiento ilícito al terrorismo o proliferación de armas de destrucción, el gobierno genera un instrumento que, sin tipificar claramente el delito de terrorismo, haciendo del delito de terrorismo un delito penal -cambiando el Código Penal- haciendo que este delito abarque una amplia gama de situaciones, incluso el contrabando o situaciones que se tipifiquen como ilícitas por no estar reguladas por una norma clara, en la amplitud de esta definición de ganancias ilícitas del terrorismo”, advirtió la legisladora.

Rek sostuvo que, bajo el título de perseguir ganancias ilícitas o supuesto financiamiento ilícito al terrorismo o proliferación de armas de destrucción, el Gobierno vuelve a reponer el tipo penal de terrorismo, sin tipificarlo claramente.

Al respecto, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, alertó que dicha norma busca cambiar tipos penales para usar la figura del terrorismo y perseguir a los ciudadanos que piensan diferente.

Prohíbe las protestas, inclusive, busca confiscar los bienes de los ciudadanos que sean parte de esas protestas a nombre de lucha contra el terrorismo”, alertó Bazán.

Señaló que el Gobierno necesita ahondar su política autoritaria frente a la severa crisis económica que empieza a generar preocupación en la población; por tanto, cercenar las libertades ciudadanas es parte del plan
represivo del gobierno de Luis Arce, aseveró.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón explico que con la menciona Ley el MAS quiere implantar cuatro figuras penales: terrorismo, financiamiento de terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, decomiso y confiscación de bienes.

"De la forma en la que esta redactado el tipo penal terrorismo criminaliza la protesta social, cualquier grupo de personas que este haciendo una propuesta social. como por ejemplo ahora la del Magisterio, puede ser  acusada por fiscales, jueces y denuncias de Gobierno de que estarían intimidando algún sector de la población con el objetivo de que no se realice o se realice un acto del Gobierno", explicó

A fines del 2021 el país se paralizó durante nueve días por la ola de protestas en rechazo a la dicha Ley . El proyecto de Ley fue remitido a la Presidencia de la Cámara de Diputados como parte de la correspondencia entregada por la Comisión de Constitución, a fin de que sea incluida en la agenda legislativa para su pronto tratamiento.

Al igual que en la abrogada Ley 1386, esta nueva normativa que pretende aprobar el MAS en su Artículo 71 Bis IV señala:

“Los recursos y bienes decomisados pasarán a propiedad del Estado y continuarán gravados por los derechos reales lícitamente constituidos sobre ellos en beneficio de terceros hasta el valor de tales derechos. Su administración y destino se determinará mediante Decreto Supremo”.

De igual forma, como en la Ley rechazada, señala en el articulo 185 Bis: 

 “El delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas es autónomo y será investigado, juzgado y sancionado independientemente de la existencia previa de un proceso judicial con o sin sentencia condenatoria, respecto a los delitos señalados…” 

En este contexto,  Bazán afirmó que la intención del Gobierno de restablecer los cambios en el Código Penal no es casual en circunstancias de una coyuntura económicamente compleja y en otros ámbitos, como el educativo, denuncias de corrupción de demandas para el sector salud, además de diferencia internas en el oficialismo.