Defensor exige imparcialidad judicial ante escándalo por presunto “consorcio” judicial

Ante las revelaciones del denominado caso “consorcio judicial”, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, reiteró este miércoles la urgente necesidad de garantizar una justicia imparcial e independiente, libre de interferencias políticas, en línea con las observaciones ya formuladas por organismos internacionales en reiteradas ocasiones.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe del GIEI, el Informe sobre Cohesión Social, la Relatora Especial para la Independencia Judicial y, más recientemente, la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Sucre, han insistido en la necesidad de contar con jueces que actúen sin presión política ni injerencias indebidas”, declaró Callisaya en contacto con los medios.

El pronunciamiento surge en el contexto de una investigación del Ministerio Público sobre un presunto caso de consorcio judicial que habría intentado destituir de manera irregular a la magistrada titular Fanny Coaquira, con el objetivo de tomar su lugar en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Entre los implicados figuran un exministro de Justicia y un juez del municipio de Coroico.

Callisaya enfatizó que este tipo de hechos solo debilitan la confianza ciudadana en el sistema de justicia, y pidió que se aceleren las investigaciones.

“El pueblo quiere justicia, que se conozca la responsabilidad de estas personas y se aplique la ley independientemente de que sean políticos o no políticos, poderosos o no poderosos, por igual a todos”, afirmó.

La Defensoría del Pueblo remarcó que Bolivia necesita una reforma estructural en el sistema judicial, donde prime la meritocracia y el respeto al debido proceso, como garantía fundamental para una democracia efectiva y para la protección de los derechos humanos.