El caso Joni: Un recordatorio de la violencia contra los animales a pesar de las leyes de protección

El pasado mes de mayo, la historia de Joni, un perrito salchicha de Santa Cruz, conmocionó a la población y reveló una preocupante realidad sobre la violencia contra los animales. El can,  salió de su casa accidentalmente y horas después regresó con las patas traseras inmóviles, llorando de dolor. Inicialmente, su familia pensó que había sido atropellado. Sin embargo, el veterinario descubrió que Joni había sido atacado a balazos, y uno de los disparos había perforado su médula espinal, dejándolo paralizado de por vida.

La familia de Joni denunció a militares de la Escuela de Idiomas del Ejército de Santa Cruz como los responsables del ataque. La indignación pública se manifestó en protestas y marchas frente a la institución, y dos militares fueron citados para declarar en la investigación por biocidio en grado de tentativa, liderada por la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma). El Ministerio de Defensa también intervino, instruyendo una investigación.

Sin embargo, el camino hacia la justicia parece estar plagado de obstáculos. Alejandra A., la propietaria del perrito, expresó su frustración ante la demora en la investigación. "Nos informaron que la investigación duraría seis meses, ya pasó un mes y aún no tenemos respuesta de Pofoma. Soy yo quien debe llamar todos los días para recibir solo mensajes vagos de que supuestamente están haciendo algo", declaró. "Esperábamos que en la primera semana se pudiera ver en cámaras de vecinos y constatar que el perrito salió del cuartel. Sin embargo, hasta la fecha no se tiene el requerimiento", lamentó.

La vida de Joni ha cambiado drásticamente. Antes, era un perrito activo y juguetón, pero ahora necesita una silla de ruedas y mucha atención. "Nuestra vida también ha cambiado porque ahora requiere más cuidado y dedicación. Hemos luchado mucho para que esté vivo, y ahora queremos justicia ", enfatizó Alejandra.

Sentencias por biocidio

La Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, promulgada en 2015, establece sanciones de dos a cinco años de prisión para quienes maten a un animal con ensañamiento o motivos fútiles. Sin embargo, la aplicación de esta ley parece insuficiente frente a casos como el de Joni.

La primera sentencia por biocidio se dictó en abril de 2023, cuando Ronny Mendoza fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por matar a pedradas a un perro cocker. Ese mismo mes y año Cándido Camacho, el conductor del micro de la línea 25 que atropelló y mató a un perro en la zona de La Cuchilla también recibió sentencia por el mismo delito.

Pofoma reportó que en 2023 atendieron 2,064 operativos de control a nivel nacional, incluyendo rescates de tráfico de vida silvestre y animales domésticos. Aunque un 30% de los casos atendidos son por denuncias personales, el 70% restante proviene de informaciones en redes sociales, lo que refleja una creciente preocupación ciudadana por el bienestar animal.

La institución además afirmó que realiza constantes campañas de sensibilización sobre la Ley 700 en las ferias de Seguridad Ciudadana que se llevan a cabo en diferentes zonas de la capital cruceña.

Activistas se pronuncian

Activistas por los derechos de los animales subrayan la necesidad de una mayor difusión de la Ley 700 y de que las autoridades competentes hagan cumplir las penas establecidas. También enfatizan la importancia de la educación y la empatía hacia los animales para construir una sociedad más humana y respetuosa de la vida.

"La gente no debe ser indiferente. Si ve maltrato, debe actuar de inmediato y no esperar a que otros intervengan", afirmó la activista Ivette Flores. "Debe haber mayor empatía hacia los animales, reconociéndolos como seres vivos con todos sus derechos, igual que nosotros. Ellos deben tener una vida digna, ser protegidos y amados", agregó.

Flores, también mencionó los cambios que las autoridades deben realizar con respecto a la violencia contra los animales. "Se necesitan modificaciones a la ley 700, endureciendo las penas existentes, ya que son muy leves, y llenando los vacíos jurídicos que existen, como el robo de mascotas y los atropellamientos, entre otros. Se necesitan jueces, fiscales y otras autoridades del área específicamente capacitados para abordar estos asuntos", finalizó. 

El caso de Joni no solo es un llamado a la acción por parte de las autoridades, sino también una invitación a la comunidad a no ser indiferente ante el maltrato animal. La lucha por la justicia para Joni es también una lucha por un cambio legal y social que asegure la protección y el respeto a los derechos de todos los animales.