“El chofer podría quedar libre”: familia de Sebastián clama justicia tras su muerte

Una profunda consternación vive la población tras el trágico accidente de tránsito que acabó con la vida de Sebastián Vespa, un joven universitario de 21 años, quien fue atropellado por un micro cuando se dirigía a rendir un examen en la universidad.

Sus familiares llegaron hasta los estudios del programa El Mañanero para exigir justicia y evitar que el responsable recupere su libertad.

El conductor del micro, un hombre de 52 años, fue imputado por homicidio en accidente de tránsito y actualmente se encuentra aprehendido. Sin embargo, la Fiscalía solicitó medidas sustitutivas que incluyen una fianza de 20.000 bolivianos, presentación de domicilio y trabajo, además de la obligación de firmar semanalmente en el Palacio de Justicia, situación que genera indignación en la familia de la víctima.

“Hoy nosotros volvemos a casa sin Sebastián. A mi sobrino le apagaron la vida con solo 21 años, con toda una vida por delante”, expresó su tía entre lágrimas, al señalar que el responsable podría regresar con su familia mientras ellos enfrentan una pérdida irreparable.

Según confirmaron las autoridades de Tránsito, el chofer cuenta con antecedentes por hechos similares. En 2024 atropelló a otra persona en la zona de La Pampa, caso que fue cerrado tras un desistimiento. Para los familiares, este antecedente representa un agravante que no puede ser ignorado.

El informe policial establece que el conductor invadió carril y circulaba a exceso de velocidad con el objetivo de llegar más rápido a su parada, lo que constituye al menos tres agravantes. No obstante, la familia denuncia que la Fiscalía solo tomó en cuenta la inexistencia de alcohol en la sangre del chofer, dejando de lado otros factores determinantes.

Además, los familiares solicitaron la realización de un examen toxicológico, ya que el conductor se encontraba masticando coca al momento del accidente. Sin embargo, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) informó que no cuenta con reactivos, por lo que la prueba tendría que enviarse a La Paz, con un plazo estimado de entre siete y diez días.

“Cualquiera puede atropellar, salir negativo en alcoholemia y quedar libre. No puede ser que nuestra justicia funcione así. Todo el sistema tiene que cambiar”, reclamó la tía de la víctima, quien también pidió sanciones más duras para los choferes del transporte público.

Sebastián cursaba el tercer año de la universidad y soñaba con convertirse en abogado. Su muerte ha generado movilizaciones y un llamado público al fiscal departamental, para que se garantice una investigación profunda y una sanción ejemplar.

La familia insiste en que este caso no puede convertirse en uno más y espera que la justicia actúe para evitar que tragedias similares vuelvan a repetirse.