El analista Gustavo Pedraza advierte que las irregularidades en el INRA incluyen la distribución ilegal de tierras forestales, y asegura que los delitos contra el Estado no prescriben, por lo que las adjudicaciones deben ser investigadas y revertidas.
05/12/2025 7:30
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La reciente inspección al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) vuelve a poner en el centro del debate las más de 146 denuncias de avasallamientos registradas en el departamento.
En entrevista con El Mañanero, el analista político Gustavo Pedraza afirmó que el país enfrenta “una crisis profunda en la administración de tierras” y que el INRA “ha sido la institución más manoseada” durante las últimas décadas.
Aunque se habló inicialmente de una intervención, Pedraza aclaró que lo que se realizó fue una inspección. “Una intervención suspende el funcionamiento de una institución para reiniciar, para ordenar. Y creo que lo que se ha hecho es una inspección”, puntualizó, remarcando la necesidad de usar la terminología adecuada.
Para el analista, el problema no es reciente. Asegura que en los últimos 20 años el INRA fue utilizado como herramienta política. “Se la ha utilizado para distribuir tierra con fines políticos”, denunció.
También afirmó que distintas organizaciones se turnaban el control de la institución: “Los intraculturales, las Bartolinas, la Federación Única, se turnaban, colocaban su representante y atropellaron la distribución de la tierra”.
El analista recalcó que las irregularidades no pueden quedar impunes. “Cuando se le hace daño al Estado, ese delito no prescribe”, afirmó, indicando que es posible revertir adjudicaciones incluso dos décadas después.
Pedraza señaló que la inspección debe dar paso a un proceso exhaustivo que incluya:
Investigación completa de los procesos de adjudicación de tierras en áreas de vocación forestal.
Reversión al Estado de predios entregados de manera ilegal.
Sanciones a los beneficiarios irregulares y a los funcionarios que autorizaron los cambios de uso de suelo.
Afirmó que estos delitos no prescriben, por lo que incluso decisiones tomadas hace dos décadas pueden ser revisadas. Además, relacionó la invasión de tierras forestales con el incremento de incendios registrados en los últimos años.
Con más de un centenar de predios aún avasallados —algunos desde hace años—, Pedraza enfatizó la necesidad de reactivar la Comisión Agraria Departamental y Nacional, instancias previstas por la Ley INRA para coordinar la administración de tierras junto a gobernaciones, ministerios, sectores productivos y organizaciones sociales.
El analista insistió en que el INRA no podrá recuperarse si continúa operando bajo interinatos prolongados. Propuso que la designación de autoridades se realice bajo un proceso meritocrático, con convocatorias públicas, evaluación, presentación de ternas y nombramientos formales, para garantizar transparencia y estabilidad.
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