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"El interés es económico": Denuncian nuevo avasallamiento en 'El Encanto'

Propietarios piden una unidad especializada que actúe contra los avasallamientos y prevenga daños ambientales y la minería ilegal.

Álvaro Latorre, abogado de los propietarios.
Santa Cruz, Bolivia

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En menos de un mes, la propiedad conocida como “El Encanto”, en el municipio de Guarayos, fue nuevamente ocupada por 40 personas, según denunció la familia afectada.

Álvaro Latorre, abogado de los propietarios, calificó la situación como un “juego del gato y el ratón” y señaló que solo deteniendo a los cabecillas se podría combatir de manera efectiva estos avasallamientos.

El propietario, Samuel Yucra, intentó presentar la denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), pero le informaron que debía coordinar con la fiscalía, generando preocupación sobre la respuesta institucional del Ministerio Público.

“Queremos conocer de manera clara la posición del Ministerio Público frente a estos hechos, si es institucional o responde a intereses políticos”, afirmó Latorre.

Los denunciantes advierten que los avasallamientos tienen un fin económico. La tierra se alquila o vende, multiplicando su valor en el proceso. Por ejemplo, una parcela de 500 hectáreas que inicialmente cuesta 5.000 bolivianos puede llegar a venderse en 20.000 dólares.

Además, señalan posibles vínculos políticos durante el gobierno del presidente Luis Arce, e identificaron dos organizaciones activas en Guarayos que estarían detrás de estos hechos.

“Durante el tiempo que ha estado el gobierno de Arce, uno de los padrinos políticos ha sido el señor José Ramiro Guerrero Peñaranda, exfiscal general del Estado y viceministro de Tierras, y queremos que lo citen a declarar. Tenemos identificadas a dos organizaciones criminales en la provincia Guarayos: una que pertenece a la institución de la ÚNICA, donde hay malos dirigentes, y otra en los interculturales”, afirmó Latorre.

La familia exige la creación de una fuerza especial contra el avasallamiento, con enfoque en la protección ambiental y la prevención de incendios y minería ilegal, así como la implementación de un proyecto de ley que les permita actuar de manera proactiva en la defensa de sus tierras.

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