Exjefe policial pide investigar a exautoridades tras captura de Marset

El excomandante de la Policía del trópico de Cochabamba, Boris Bellido, indicó que la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset marca un hecho “casi inédito” en las últimas dos décadas y consideró que ahora corresponde investigar las posibles redes de protección que habrían operado en el país.

Sostuvo que Marset logró consolidar una estructura criminal en Bolivia, especialmente en Santa Cruz de la Sierra, donde  habría contado con apoyo de personas vinculadas al poder.

“El narcotraficante había desarrollado toda una estructura en Bolivia, particularmente en Santa Cruz. Tendrán que rendir cuentas varias exautoridades”, señaló.

En ese sentido, mencionó que deberían ser investigados el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, además de exautoridades policiales y funcionarios del sistema judicial que habrían tenido responsabilidades durante el tiempo en que el narcotraficante operaba en el país.

Asimismo, indicó que la captura fue posible gracias al intercambio de información entre organismos de seguridad internacionales, en el que habría participado la Administración para el Control de Drogas (DEA) mediante labores de inteligencia.

Según Bellido, el nuevo escenario político en el país habría facilitado el flujo de información entre agencias internacionales, lo que permitió avanzar en la localización del narcotraficante.

El exjefe policial también pidió que se realice una investigación profunda para identificar a las personas que habrían colaborado con Marset, señalando que el acusado logró obtener documentos bolivianos, adquirir vehículos de alta gama, propiedades e incluso financiar actividades deportivas en el país.

“Existe un circuito de personas que debe ser investigado e identificado”, afirmó.

La captura de Marset se produjo el 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, tras un operativo de seguridad. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Por información que condujera a su arresto, el Programa de Recompensas por Delitos Transnacionales Organizados del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares, a la que se sumaba otra de 100.000 dólares en Bolivia.