“Ganaba Bs 20.000 y no cumplía funciones”: Gobierno denuncia cargos irregulares en la gestión pasada

El Gobierno reveló la existencia de contrataciones sin criterios técnicos claros en altos cargos del Estado en la gestión de Luis Arce, tras detectar que un exasesor del Ministerio de la Presidencia percibía un salario de Bs 20.000 sin cumplir funciones acordes al puesto, como parte de una práctica que infló el gasto corriente y debilitó la eficiencia institucional.

El viceministro de Gestión Pública, Julio Linares, informó que durante una revisión interna se identificaron designaciones realizadas mediante cargos jerárquicos creados “a medida”, sin parámetros homogéneos ni exigencias técnicas claras.

Como ejemplo, la autoridad citó el caso de un exfuncionario que siendo músico ocupó un cargo de asesor en el Ministerio de la Presidencia con una remuneración de Bs 20.000, como especialista en políticas públicas, pese a no contar con la formación ni la experiencia necesarias para desempeñar funciones estratégicas.

“Había una persona que trabajaba en despachos de Presidencia, ganaba Bs 20.000 y reconoció que nunca ejerció las atribuciones del cargo para el que fue contratado”, relató Linares en entrevista con radio Panamericana.

Según explicó, este funcionario tenía asignada la responsabilidad de monitorear proyectos especiales por cerca de Bs 30.000 millones, sin contar con un perfil técnico acorde a esa tarea.

El viceministro señaló que este caso no es aislado, sino que forma parte de una práctica detectada en varias instituciones públicas, donde cargos similares presentan requisitos dispares, que van desde la exigencia de un doctorado hasta el título de bachiller.

“En la revisión de los Manuales de Puestos (POAI) encontramos que para un mismo cargo de Director General, algunas entidades pedían PhD y otras solo bachiller”, detalló.

Linares indicó que estas distorsiones contribuyeron al incremento del gasto corriente y afectaron la capacidad operativa del Estado. En ese marco, el Ejecutivo impulsa una política de reducción del gasto público, con el objetivo de recortar en un 30% el déficit fiscal, eliminando duplicidad de funciones y cargos sin sustento técnico.