Gobierno afirma que Hamdan se disfrazó de activista y su defensa observa intromisión en la Justicia

Tras la detención de Luis Fernando Hamdan, el gobierno afirma que se disfrazó de activista, mientras que su defensa observa una intromisión del Ejecutivo en las decisiones de la Fiscalía.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, rechazó que no haya pruebas contra Hamdan, que es presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA). Aseguró que en primera instancia fue citado a declarar.

"No hay coherencia entre los medios y los fines del discurso del señor Hamdan, disfrazado de activista, siendo en verdad un político. Él mismo, en presencia de todos, dijo (ayer) que le ha brindado a Juan José Zúñiga un análisis político y social, que además se traduce en el apoyo de aliados y opositores", afirmó Aguilera en entrevista con Red Uno.

También se refirió a que la defensa de Valda apuntó que los testimonios que acusan al activista son de personas privadas de libertad.

"El comandante de la Armada, el comandante de la Fuerza Aérea y quienes conformaban parte de la patrulla de aquella movilidad, la M-19, que estaba copilotada por el general Zúñiga nos han informado de manera expresa y textual que quien recibía y daba instrucciones durante nueve meses era Juan José Zúñiga con relación al señor Hamdan", agregó el viceministro.

Al respecto, el abogado de Hamdan, Jorge Valda, cuestionó la detención y las acusaciones del viceministro de Régimen Interior.

"Si ha existido esa reunión en la cual Fernando Hamdan señala que ha sido para considerar la situación de los presos políticos, quien tiene la obligación de demostrar lo contrario, es el Ministerio Público, no el Ministerio de Gobierno", dijo el abogado en entrevista con Red Uno.

Valda aseguró que las investigaciones deben estar a cargo del Ministerio Público.

"Recordemos que en una cadena del sistema penal acusatorio está el juez, el que manda el proceso; las partes, que es el imputado y el Ministerio Público, que tiene un investigador o una comisión de investigadores. En ninguna parte del mundo el Ministerio de Gobierno o los viceministerios de esta cartera de Estado son los que llevan adelante las investigaciones", agregó.

El jurista aseveró que las investigaciones se "tergiversan y desnaturalizan" cuando las instituciones políticas "toman injerencia" en este tipo de investigaciones.

"En este mismo proceso, son siete carteras de Estado contra un ciudadano. Qué oportunidad puede tener una sola persona que se defiende con sus abogados voluntarios de derechos humanos contra siete carteras de Estado, que generan presión en un juez que debió recusarse, excusarse y apartarse porque a él ya lo habíamos denunciado por hechos similares en contra de César Apaza. Sin embargo, tenemos como resultado jueces que obedecen no a la justicia, ni a la ley, sino a los designios del Ministerio de Gobierno. Lastimosamente esa es la justicia dentro de un sistema donde no existe independencia del órgano judicial", complementó.

Cuando era presentado a los medios de comunicación en la ciudad de La Paz, Hamdan admitió que se reunió con el excomandante de Ejército y principal acusado por la revuelta militar, Juan José Zúñiga.

“Me reuní con el general Zúñiga (…) me reuní por las garantías que él quería, porque se sentía amenazado (…) quería que Derechos Humanos sea garante”, vociferó este lunes ante la prensa.

En las últimas horas, se confirmó que el Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia las Mujeres N° 5 ordenó la detención preventiva de Hamdan en el penal de San Pedro de la ciudad de la Paz.

“Se celebró la audiencia de consideración de medidas cautelares de Luis Fernando Hamdan Calancha, en la que se acreditó la probabilidad de autoría por la comisión de los delitos”, informó la Procuraduría General del Estado (PGE).

El activista es acusado de la presunta comisión de los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado. La parte acusadora fundamentó la existencia de riesgos procesales de obstaculización.