Tras la anulación del balotaje por la retirada de Nueva Generación Patriótica, el Gobierno insta a que las autoridades electorales resuelvan la controversia bajo la ley.
04/04/2026 16:39
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El Gobierno nacional ha decidido establecer una distancia frente a la creciente controversia electoral que rodea la elección del Gobernador en el departamento de La Paz. El viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, fue enfático al declarar que la administración central no posee competencias para intervenir en las pugnas internas de las organizaciones políticas.
La postura oficial surge como respuesta directa a la crisis desatada en Nueva Generación Patriótica (NGP), cuya dirigencia optó por retirar su participación de la segunda vuelta electoral. Santamaría subrayó que el respeto a la independencia de los órganos del Estado es fundamental, dejando la resolución del conflicto bajo la responsabilidad exclusiva del Tribunal Supremo Electoral.
Esta determinación institucional ocurre en un momento de alta tensión, luego de que el ente electoral aceptara formalmente la declinatoria del partido y confirmara que la medida ya no amerita revisión alguna. Dicha decisión técnica dejó sin efecto el balotaje programado, provocando una ola de cuestionamientos desde diversos frentes políticos que exigen mayor transparencia en el proceso.
El origen de la disputa radica en la fractura interna de NGP, donde el candidato René Yahuasi denunció presiones externas y rechazó públicamente el retiro decidido por su propia cúpula directiva. A pesar de las movilizaciones ciudadanas que demandan la restitución del derecho al voto en segunda instancia, el Ejecutivo insiste en que cualquier fallo debe enmarcarse estrictamente en la normativa vigente.
Finalmente, el Gobierno evitó pronunciarse sobre el impacto político o la legitimidad de las autoridades que podrían resultar beneficiadas por esta cancelación electoral. La administración de turno reafirmó que su papel se limitará a observar el cumplimiento de la ley, mientras la incertidumbre sobre la Gobernación paceña se traslada ahora a los tribunales electorales.
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