Gobierno remite la Ley 1720 al TCP para revisión de inconstitucionalidad

El viceministro Hernán Paredes anunció que, en respuesta a las solicitudes de anulación de la Ley 1720 de conversión de tierras de pequeñas a medianas, el gobierno ha remitido la ley al Tribunal Constitucional para que determine su constitucionalidad.

El viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, abordó la controversia en torno a la Ley 1720, destacando que el gobierno ha decidido remitirla al Tribunal Constitucional Plurinacional para su análisis oficial. Paredes aclaró que, aunque algunos sectores exigen la anulación de la ley, el gobierno respeta el ordenamiento jurídico del país.

"Nosotros no podemos anular y decir que eso es anticonstitucional. Nosotros respetamos el ordenamiento jurídico del país y hay un tribunal constitucional. Entonces, lo que hemos hecho hemos solicitado al tribunal constitucional que una acción de constitucionalidad, para que nos diga si es anticonstitucional o no"

La demanda de los manifestantes

Durante las protestas, los manifestantes han señalado que la Ley 1720 es anticonstitucional y que pone en riesgo a la población más vulnerable del país. Estos reclamos fueron respaldados por un documento entregado por los manifestantes, en el que explican las razones por las cuales consideran que la ley no cumple con los principios constitucionales.

Paredes indicó que este documento fue entregado al TCP en el formato requerido para iniciar el proceso de revisión.

Un enfoque institucional

El viceministro destacó que el gobierno optó por respetar los procedimientos institucionales y garantizar que el análisis de la ley sea llevado a cabo por el Tribunal Constitucional, el órgano competente para resolver esta cuestión.

“Eso hemos puesto en el formato que exige el Tribunal Constitucional de Justicia y hemos presentado. Estamos a la espera de esa respuesta. Si no nos niega la respuesta en estos días, vamos a reforzar con una segunda eh solicitud de cautelar esa norma”, subrayó el viceministro.