Se cumple un año de la toma militar de Plaza Murillo

Este jueves, 26 de junio, se cumple un año de la sorpresiva toma militar de Plaza Murillo, un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia reciente del país y generó fuertes cuestionamientos sobre la estabilidad institucional, el rol de las Fuerzas Armadas y la salud de la democracia boliviana.

El 26 de junio de 2024, unidades militares fuertemente armadas, encabezadas por el entonces comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, descendieron sin previo aviso a la plaza que alberga la sede del Órgano Ejecutivo y Legislativo. La acción fue interpretada inicialmente como un posible intento de amedrentamiento o presión directa sobre el poder político y, en sectores más críticos, incluso como un amago de golpe de Estado.

A lo largo de este año, distintos actores políticos han exigido una investigación transparente para esclarecer los verdaderos móviles de aquella jornada, mientras que voces de la oposición han denunciado una instrumentalización política de las Fuerzas Armadas por parte del Gobierno.

Por su parte, el oficialismo ha sostenido que la situación fue contenida a tiempo y sin consecuencias mayores, y ha reiterado su compromiso con la no politización de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha presentado un informe oficial completo que esclarezca las responsabilidades institucionales y personales.

Detenciones y proceso judicial

Entre los principales detenidos se encuentran:

Juan José Zúñiga, excomandante general del Ejército, considerado el principal responsable del operativo.

Juan Arnez Salvador, excomandante de la Armada Boliviana.

Marcelo Zegarra, exjefe de la División Mecanizada del Ejército.

Otros seis oficiales, incluidos jefes operativos que ejecutaron órdenes el día de la toma.

Todos enfrentan cargos por alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra el presidente y otros delitos militares, con detención preventiva en cárceles de máxima seguridad como San Pedro, Patacamaya, Palmasola y El Abra.

La defensa de Zúñiga ha insistido en que actuó bajo órdenes “superiores” y con conocimiento del Ejecutivo, lo que ha desatado teorías contrapuestas, incluso desde sectores opositores, que denuncian que el operativo pudo haber sido un “autoatentado planificado” para reforzar la narrativa de unidad interna en el Gobierno.