Indulto para personas privadas de libertad: ¿quiénes pueden solicitarlo?

El Gobierno promulgó un decreto supremo que permitirá conceder el indulto a personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada, con el objetivo de aplicar criterios humanitarios y reducir el hacinamiento penitenciario.

En conferencia de prensa conjunta, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, explicaron los alcances del decreto supremo que habilita el indulto en diferentes recintos penitenciarios del país.

La autoridad explicó que los internos o sus representantes deberán presentar una solicitud ante la dirección departamental correspondiente, la cual verificará los requisitos y emitirá una resolución administrativa que será remitida al juez.

Este último tendrá la responsabilidad de homologar la resolución y emitir el mandamiento de libertad. Todo el proceso se realizará en un plazo de tres a cinco días hábiles.

Juan Carlos Limpias resaltó que “los derechos humanos no tienen color político ni se politizan” y destacó que la Asamblea Legislativa aprobó el decreto por razones humanitarias.

Por su parte, el ministro Ríos explicó que esta medida extingue la pena impuesta a personas con sentencia ejecutoriada y que, a diferencia de decretos anteriores que combinaban indulto y amnistía, este decreto tiene un enfoque más técnico, lo que permitirá beneficiar a un mayor número de internos.

¿A quiénes beneficiará el decreto?

• El decreto podrá beneficiar a personas que, al momento de su emisión, cuenten con sentencia ejecutoriada o la obtengan durante la vigencia de la norma.

• Asimismo, aplicará a internos sentenciados a 10 años o menos de privación de libertad, y se estima que alrededor de 5.000 personas sean beneficiadas con la medida.

• El 15% de la población penitenciaria del país podrá acceder a esta medida.

El ministro Ríos también señaló que el decreto busca fortalecer la gestión técnica del sistema penitenciario y aliviar el hacinamiento. Según datos de septiembre de 2025, la población privada de libertad alcanza aproximadamente 33.200 personas, mientras que la capacidad total de los recintos urbanos y provinciales es de 15.600, es decir, menos de la mitad de la población actual podría ser albergada en condiciones adecuadas.