Investigan denuncias de torturas y extorsión a soldados de un regimiento del Beni

En una grave denuncia, los padres de ocho jóvenes soldados que prestan servicio militar en el Regimiento de Infantería 29 "Cap. Lino Echeverria", ubicado en la comunidad de Casarabe, en el departamento de Beni, acusaron al sargento Cristian P. Q., de 28 años, de someter a los conscriptos a vejaciones físicas, torturas y extorsión dentro de las instalaciones del cuartel.

Los progenitores de los soldados han hecho público un manifiesto en el que aseguran que el sargento abusaba constantemente de los reclutas, tanto en el ámbito físico como psicológico, y además les exigía dinero a cambio de permitirles salir de "franco".

En el comunicado, los padres afirman haber comprobado personalmente las marcas de torturas en los cuerpos de sus hijos, como consecuencia de los golpes infligidos por el instructor.

"Reunidos con nuestros hijos pudimos evidenciar y podemos dar fe que habían sufrido torturas por parte del mencionado sargento en varias ocasiones. Se denotan marcas (de golpes) en el cuerpo que este instructor les infligió", señala el documento.

Los denunciantes también indican que el sargento Cristian P. Q. obligaba a los soldados a cuidar "mascotas" tan inusuales como serpientes, además de exigirles alimentarlas. Quienes no cumplían con esta tarea eran castigados de forma despiadada, siendo atados a las víboras como forma de "disciplinarlos".

Ante estos actos, los padres de los soldados pidieron que las autoridades competentes tomen medidas urgentes, exigiendo que el acusado sea removido de su cargo y se inicien acciones legales de acuerdo con las leyes militares, pidiendo una sanción ejemplar.

La denuncia ha generado una rápida respuesta por parte de las autoridades. El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, confirmó que se ha abierto una investigación contra el sargento por los delitos de vejaciones, torturas, lesiones graves y leves, así como coacción. El caso involucra a varios soldados del Regimiento Militar de Casarabe.

El fiscal de materia, Yery Yelsin Mamani, detalló que una de las madres denunciantes informó que su hijo se encontraba trastornado y tenía dificultades para dormir debido al trauma sufrido durante su servicio.

La Delegación Defensorial Departamental de Beni también intervino en el caso, acercándose a instancias como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el propio Regimiento Militar de la capital beniana para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y garantizar la protección de los derechos de los conscriptos.

De los ocho soldados afectados, solo cinco han sido valorados por el médico forense, mientras que uno se negó a ser examinado. Los otros dos soldados, aparentemente menores de edad, aún no han recibido valoración médica, por lo que la Defensoría del Pueblo ha iniciado gestiones ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) para garantizar su atención.

La audiencia para definir las medidas cautelares contra el sargento acusado se llevará a cabo este domingo, lo que ha generado gran expectación en la comunidad local, donde el caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra los abusos de poder en las fuerzas armadas.