El viceministro de Defensa del Consumidor indicó que las constructoras e inmobiliarias deben registrar sus contratos en un sistema informático.
22/08/2022 13:32
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Las empresas constructoras, inmobiliarias y que se dedican a vender bienes inmuebles ya no podrán tener contratos abusivos o perjudicar a los compradores. Así lo determina un decreto supremo publicado recientemente por el Gobierno.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que se aplicará el Sistema Informático de Certificación de Registro de Modelos de Contratos Inmobiliarios (SIRCI) que evitará cláusulas y prácticas comerciales abusivas en la compra de bienes inmuebles, principalmente, en la modalidad de "preventa" de terrenos, departamentos y casas.
"La población no cuenta con 100 mil, 150 mil o 70 mil dólares en el bolsillo y adopta esa modalidad de preventa porque considera que es más económico comprar con anticipación e ir pagando paulatinamente el precio de ese bien inmueble. Sin embargo, no siempre estos sueños y anhelos de tener casita propia han tenido un final feliz", comentó Silva.
En muchos casos, personas inescrupulosas estafan y engañan al ofrecer terrenos y departamentos que, posteriormente, no entregan ni transfieren porque son propiedad de otras personas o del Estado, generando grandes pérdidas y daños en los compradores.
"En Cochabamba, tenemos grandes conflictos con el tema de loteamientos, avasallamientos producto de gente inescrupulosa que ha vendido a más de una persona el mismo predio o vendieron predios que no existían. Para evitar este tipo de situaciones, se implementa este decreto supremo", remarcó Silva.
También aplica a las cláusulas de contratos que, por ejemplo, determinan que si no se hace el pago en 60 días o se tiene un retraso en dos meses, el bien inmueble se revierte a favor del vendedor y el comprador pierde la cuota inicial y todos los pagos realizados. Tampoco les permiten transferir a otra persona que esté interesada.
Otra cláusula abusiva mencionada por la autoridad es cuando se obliga al comprador a pagar el impuesto a la transferencia, cuando el código tributario establece que tiene que ser asumido por el vendedor, por ley.
"Aquellas personas que tengan el problema de las cláusulas abusivas en los contratos y donde no han perfeccionado el derecho propietario, es decir, no se ha cumplido el objeto del contrato, pueden apersonarse al ministerio de Justicia para hacer revisar estos contratos", afirmó el viceministro.
En el sistema informático mencionada se ingresará la documentación necesaria. Las empresas inmobiliarias, constructoras y otras tienen que obtener su certificado otorgado por el ministerio de Justicia, a través del viceministro de Defensa del Consumidor. Además, desde inicio se debe establecer y estar bien identificado quién es el propietario.
"Si no tienen este certificado, no van a poder inscribir en ninguna notaría la minuta de transferencia. Al momento de solicitar esta certificación, tienen que presentar los contratos sin cláusulas abusivas, el folio real, el derecho propietario, que acredite que esa construcción, que ese proyecto inmobiliario reúne las garantías para la población", remarcó Silva.
Por lo tanto, los vendedores de bienes inmuebles tienen que cumplir con estos requisitos antes de ofrecerlos a la población para garantizar los derechos de usuarios y consumidores.
"En los contratos se tiene que definir los precios definitivos que se tienen que cancelar, no puede haber otro tipo de pagos que aparezcan de la noche a la mañana, por ejemplo, las áreas comunes y las comisiones, que deben ser acordadas entre el propietario del bien inmueble y el promotor, que no debe afectar el precio del productor que está adquiriendo el usuario", complementó.
Además, adelantó que se trabaja en un proyecto de ley para regular la actividad inmobiliaria.
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