Líderes cruceños estarán frente al juez este miércoles por el paro de 36 días

El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, y el abogado José Luis Santistevan, se trasladaron este miércoles 10 de abril ante el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para enfrentar una audiencia presencial en relación al caso de los 36 días de paro por la realización del Censo de Población y Vivienda. Mientras tanto, otros implicados en el caso participarán de manera virtual en la misma audiencia.

Vargas expresó su convicción al asistir a la audiencia, afirmando que están preparados para defenderse de las acusaciones. “Estamos yendo con mucha convicción a defendernos, por haber trabajado, luchado por el Censo de Población y Vivienda que debió haberse realizado en 2022 y recién se concretó en 2024. Nos están citando por cosas injustas, pero vamos con fe y esperanza”, declaró.

El vicerrector destacó que la lucha por el censo fue en beneficio del pueblo cruceño, y lamentó que ahora estén siendo imputados por ello. Además de Vargas y Santistevan, también están siendo investigados el gobernador Luis Fernando Camacho, el exlíder cívico Rómulo Calvo, y el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar.

Por su parte, el rector Cuéllar, quien deberá asistir a su audiencia de manera virtual, describió el proceso como una persecución política. Afirmó que la audiencia se relaciona con el paro de 36 días reclamando el censo, señalando que, aunque el Gobierno promulgó una ley para garantizar el censo, la situación evidencia una persecución política por haber cuestionado la negligencia gubernamental y los presuntos actos de corrupción.

“No tenemos nada que ocultar, tenemos como testigo al pueblo cruceño y boliviano, pero con esta justicia coactada por el poder Ejecutivo uno no puede predecir qué puede pasar, este es un acto de persecución política, de venganza por haber cuestionado la actitud del Gobierno. Estamos tranquilos, porque no hemos cometido ningún ilícito”.

Los cargos que enfrentan los acusados ​​ascienden a un total de 10 delitos, incluyendo el atentado contra el presidente y otros dignatarios del Estado, violencia contra la mujer, asociación delictuosa y terrorismo, supuestamente cometidos durante los 36 días de paro por el Censo.