Magistrados exigen protección tras asesinato de decano en Santa Cruz

Tras el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Claure, en Santa Cruz de la Sierra, autoridades del Órgano Judicial exigieron al Estado garantizar seguridad permanente para jueces y magistrados, al considerar que el hecho evidencia un alto nivel de vulnerabilidad.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, señaló que se activaron medidas inmediatas, pero advirtió que no pueden ser temporales.

“Se ha reforzado la seguridad, pero esto no debe ser solo una reacción. Tiene que ser una política permanente”, afirmó.

La autoridad anunció que se enviará una solicitud formal al presidente Rodrigo Paz para que se asigne protección adecuada al sistema judicial, similar a la que reciben otras altas autoridades del Estado.

“Un ministro tiene hasta 10 policías a cargo. Los magistrados no tenemos personal de seguridad”, cuestionó.

Temor por la independencia judicial

Sánchez advirtió que el asesinato no es un hecho aislado y que podría estar vinculado a decisiones judiciales, lo que genera preocupación sobre la libertad con la que deben actuar los jueces.

“¿Con qué garantía vamos a emitir resoluciones si existe este nivel de amenaza?”, expresó.

En esa línea, enfatizó que la seguridad es clave para preservar el Estado de derecho.

“Garantizar la independencia judicial pasa por asegurar que los jueces no sean atemorizados ni asesinados”, sostuvo.

Pedido de respaldo internacional

Las autoridades también informaron que sostuvieron reuniones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que solicitaron acompañamiento y vigilancia sobre la situación del sistema judicial en el país.

“Se ha pedido que estén vigilantes y que impulsen la protección de la independencia judicial”, indicó.

Investigación en curso

Respecto al avance de las investigaciones por el asesinato del magistrado, Saucedo evitó brindar detalles, aunque aseguró que existen progresos.

Mientras tanto, reiteró que el Estado tiene la obligación de proteger a este órgano.

“No es un caso menor. Es un órgano del Estado el que ha sido afectado y se debe garantizar su seguridad”, concluyó.