“Mi hija se enteró y cayó en depresión”: Liberan a la agresora que cortó el cuello a una estudiante

La familia de una estudiante agredida con un estilete denunció que la presunta agresora, quien permanecía detenida en el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz), obtuvo la libertad en una audiencia desarrollada a puerta cerrada, sin que la madre de la víctima ni la Defensoría de la Niñez y Adolescencia fueran notificados.

Tras enterarse de la libertad, la joven víctima sufrió un cuadro de depresión y la familia exige medidas urgentes y explicaciones de las autoridades.

La progenitora señaló que, tras el suceso, la agresora quedó con detención preventiva en Cenvicruz. Sin embargo, el pasado 1 de diciembre, asegura la madre, el fiscal Juan Raúl Rivero, en coordinación con la jueza Yoany Ojeda y el Slim de Cotoca, habría tramitado un procedimiento abreviado que terminó con la libertad de la menor imputada. La familia asegura no haber sido notificada ni convocada a la audiencia en la que se habría concedido la medida.

“Ahora nos encontramos con la sorpresa de que la muchacha está libre, campante por donde nosotros vivimos… No se nos notificó ni a mí como madre de la víctima, ni a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, declaró la madre, quien además cuestionó la transparencia del proceso y apuntó, sin presentar prueba pública, a posibles influencias económicas por parte de la familia de la agresora.

El impacto psicológico sobre la víctima fue inmediato y severo. La madre detalló que su hija “se enteró el día de ayer y cayó en un cuadro de shock”, presentando recaídas depresivas y bloqueo emocional. La adolescente recibe atención con tres profesionales de la salud mental, según la familia, que señalan que la recuperación será lenta y que la cercanía de la agresora aumenta el temor por su seguridad.

La madre pidió explícitamente la intervención de instancias superiores y lamentó que, cuando acudieron ayer para presentar su reclamo, le informaron que la jueza se encuentra de vacaciones, lo que según ella impide cualquier acción inmediata. “¿Qué es lo que nos quisieron decir? Mantengan viva a su víctima hasta que vuelvan nuevamente”, comentó, en evidente desesperación por la sensación de desamparo.

En lo jurídico, la familia reclama:

Notificación formal de las resoluciones y audiencias que afectan el proceso.

Acceso a información sobre el fundamento de la libertad otorgada.

Medidas cautelares a favor de la víctima (alejamiento, restricción de ingreso al establecimiento, protección policial o acompañamiento institucional).

Hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta oficial de la Fiscalía de Cotoca, de la judicatura ni del Slim local. Desde el medio informante se anunció que se buscará la versión de las autoridades involucradas y de la defensa de la menor liberada para ampliar la información.