Ministerio de Salud reporta deudas heredadas y pide auditorías a la Contraloría

El Ministerio de Salud y Deportes informó sobre la situación crítica en la que el nuevo Gobierno recibió esta cartera de Estado, marcada por exceso de burocracia, deudas millonarias y riesgos para la operatividad del sistema público de salud.

La ministra de Salud y Deportes, Marcela Flores, detalló que se identificó una sobredimensión del personal y compromisos financieros que superan los Bs 450 millones, acumulados durante las gestiones 2022 a 2025.

Exceso de funcionarios

Entre las principales observaciones, la autoridad señaló que el ministerio llegó a contar con 947 funcionarios, muchos de ellos con perfiles que no correspondían a sus cargos.

Flores indicó que en la gestión anterior se incrementó la contratación de personal con fines de centralización de recursos, que debían destinarse a regiones y programas de salud.

“Encontramos oficinas donde existía incluso la ‘secretaria de la secretaria’. En algunos proyectos había cerca de 50 funcionarios, cuando el análisis técnico indica que no se requieren más de 12”, afirmó.

Deudas heredadas

Respecto a las obligaciones financieras, la ministra advirtió que las deudas comprometen áreas sensibles como el Sistema Único de Salud (SUS), el fondo rotatorio de vacunas, y los programas de cáncer y hemodiálisis.

Según el informe oficial, el monto adeudado supera los Bs 450 millones, e incluye compromisos pendientes con la empresa estatal ENTEL, algunos de ellos arrastrados desde 2003.

Riesgo en certificaciones sanitarias

Flores también alertó que Bolivia podría perder la certificación de país libre de sarampión y poliomielitis, otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante este riesgo, anunció que se iniciarán campañas de vacunación en los primeros 15 días de marzo, comenzando en Santa Cruz. Recordó que al país le tomó 20 años obtener esta certificación internacional.

Auditoría 

En ese marco, Flores informó que el Ministerio de Salud solicitó a la Contraloría General del Estado la realización de auditorías a distintos programas y procesos ejecutados durante anteriores gestiones, con el objetivo de detectar presuntas irregularidades y establecer si corresponde iniciar procesos judiciales.