Pedraza: "Los dramáticos casos en El Choré y Amboró son consecuencia de las políticas públicas del MAS"

Plantaciones de hoja de coca fueron halladas en áreas protegidas como el Parque Nacional Amboró y El Choré. Analistas consideran que esta situación es producto de los asentamientos ilegales avalados por el gobierno nacional.

"(El MAS) ha promovido la distribución de tierras a través de políticas públicas concretas, leyes y decretos supremos, solo en la Chiquitania, han sido más de 2,5 millones de hectáreas. Facilita los asentamientos, cambia el uso de suelo forestal a agrícola y libera de cualquier tipo de trámite el chaqueo de menos de 20 hectáreas en todo el país", aseveró Gustavo Pedraza, especialista en temas agrarios y exministro de Desarrollo Sostenible, en entrevista con El Mañanero.

Según comentó, desde 2007, se han trasladado cerca de 2.000 familias del Chapare a Pando con dineros del Estado, también se desplazó gente hacia Alto Beni, el norte de La Paz, la Chiquitania en Santa Cruz.

"Esas políticas públicas del MAS tienen como resultado más densidad de población en los bosques, más deforestación y más riesgos de incendio", afirma.

En ese contexto, considera como extremos los casos en El Choré y Amboró.

"Ese cocal en el parque Amboró se ve que tiene más de 1 año, no es nuevo. Hay dos delitos ahí, primero, es prohibido asentarse en un área protegida, incluso para vivir; segundo, el cultivo ilegal de la coca. El asentamiento se repite de manera sistémica en todas las áreas protegidas del país, ahí está fallando el estado al no cuidar, hay permisividad", apuntó.

En cuanto a El Choré, lo califica como "dramático", al tratarse de la reserva forestal más antigua de Santa Cruz, llegando a ser la más rica en madera, pero está siendo avasallada hace más de 30 años, sin que se tomen medidas al respecto.

"Hay que verlo como resultado de ese modelo económico que propuso el MAS hace más de 15 años. Creen que dando 50 hectáreas de tierra, que no tiene vocación agrícola, van a resolver el problema de pobreza de una familia humilde, cuando lo están empeorando", agregó.

Esta situación también afecta al medio ambiente, provocando sequía e incendios.

También comentó que los cultivos ilegales de hoja de coca están presentes en otras áreas protegidas "y eso sabe el gobierno".

"La planta de coca deteriora el suelo y, por lo tanto, los cocaleros van buscando nuevas tierras y ¿cuáles son? Las que rodean al Chapare; Tipnis y Amboró, que es donde menos las autoridades correspondientes reprimen", aseveró.

También dijo que se debe replantear el marco jurídico que facilitó que se llegue a esta situación, también la regulación, el rol de cada instancia del estado relacionada con tierras.

"Se debe defender el bosque porque nadie lo está haciendo. El bosque genera agua, humedad y oxígeno", afirmó.

Explicó que Santa Cruz tiene 3 millones de hectáreas de tierras cultivadas y la extensión del departamento es de 37 millones.

"Ese mito de que hay tierra para todo el mundo es falso y dañino, las 37 millones de hectáreas no son cultivables. De eso, solo que cultivan ahora 3 y probablemente tengamos que llegar a 5, en el mejor de los casos", añadió.

En ese sentido, si se deforestan los 17 millones de hectáreas que quedan en la Chiquitania, el agua será más escasa y los incendios más comunes.

"Hay culpabilidad en quienes han gobernado el país hace más de 15 años. También en las autoridades locales, las gobernaciones y municipios tienen facultades para cuidar y defender el patrimonio natural, pero ellos se desentienden", observó.

Espera que esta crisis sea oportuna para que las autoridades asuman responsabilidades.

"Se sabe que el 90% de la coca del Chapare va a actividades ilegales, que es la cocaína. Eso lo dicen los organismos especializados", complementó.