Piden reabrir, al menos, cinco casos de tortura y asesinatos ocurridos en el Chapare desde el año 2.000

La alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) pidió al Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, reabrir, al menos, cinco casos de tortura y asesinato registrados en el Chapare, que datan de hace más de 20 años y siguen sin resolverse.

El diputado Óscar Balderas, de CC, presentó la solicitud y advirtió sobre una posible responsabilidad del Estado ante demandas internacionales por la impunidad que persiste en estos casos "que quedaron en el olvido".

"Estos casos datan de hace más de 20 años, pero no pueden prescribir. El Estado boliviano tiene la responsabilidad de investigarlos; de lo contrario, enfrentará demandas internacionales", indicó Balderas. Este jueves, en Sucre, el legislador presentó un memorial en el que observa la "impunidad" en estos casos, que involucran delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos, según la legislación internacional, informó La Patria.

Asimismo, Balderas subrayó que la región del Chapare ha sido históricamente un territorio marcado por el crimen organizado y la débil presencia del Estado. Esta situación ha causado un gran dolor y sufrimiento a muchas familias bolivianas, comentó.

Específicamente, los casos que no avanzaron o fueron desestimados, que menciona en su solicitud son:

- El asesinato de los esposos David Andrade y Graciela Alfaro (2000), quienes fueron víctimas de tortura antes de ser asesinados. Según el exasesor de Evo Morales, Filemón Escobar, el dirigente cocalero participó de la reunión que definió el asesinato. Además, una "testigo" afirmó que Morales había "ordenado" el asesinato de la pareja, según el diario Los Tiempos, de aquella época. No se pudo confirmar la veracidad de esas acusaciones y el proceso fue cerrado por falta de pruebas.

- La tortura y el homicidio de los militares Juan Clemente Lazarte y Julio Veramendi Torrico (2000), en el mismo contexto que los esposos.

- El asesinato del soldado Mario Copa Catacora (2003).

- El caso de las hermanas Juana y Elba Terán (2008), implicadas en narcotráfico y en el asesinato de los esposos Andrade.

- La muerte del médico Michael Olivares (2013), también bajo circunstancias de tortura.

"Son solo algunos de los casos conocidos, cuyas denuncias e investigaciones han quedado inconclusas o archivadas. Además, se tiene conocimiento de otros crímenes que ni siquiera llegaron a ser denunciados", agregó el diputado. En su carta, recordó que la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público obligan al Estado a defender la legalidad y garantizar que no haya espacio para la impunidad.

Asimismo, Balderas pidió a Mariaca actuar con firmeza. Este pedido se enmarca en un contexto más amplio de cuestionamientos sobre el rol del Estado en regiones donde el narcotráfico y el crimen organizado han ganado terreno, debilitando el Estado de derecho, apuntó.

“El país y el mundo saben que el Chapare se ha convertido en una región donde reina la impunidad y la protección, donde no existe ninguna ley vigente”, afirmó Balderas, en un video compartido en las redes sociales.

Hasta el momento, el Fiscal General no ha emitido un pronunciamiento público sobre esta solicitud.