Posible nuevo caso de maltrato infantil reaviva preocupación en La Paz

Una nueva denuncia sobre la situación en centros de acogida en La Paz encendió las alarmas tras la difusión de imágenes donde se observa a menores gritando y pidiendo ayuda desde las ventanas de un hogar. El caso, que ya es investigado por la Defensoría del Pueblo, vuelve a poner en debate las condiciones en las que viven niños, niñas y adolescentes bajo protección estatal.

Según reportes de vecinos, al menos cuatro menores intentaban salir por una ventana mientras pedían auxilio, en una escena que fue captada con un teléfono celular. Estas imágenes, calificadas como “sensibles”, generaron una reacción inmediata de autoridades, que anunciaron inspecciones en los centros involucrados.

El asambleísta departamental Israel Adanoca explicó que este episodio estaría relacionado con cambios recientes en el personal de cuidado.

“Las educadoras del centro Niño Jesús fueron trasladadas a José Soria y viceversa, lo que habría provocado una reacción emocional en los menores, quienes ya habían generado vínculos afectivos con sus cuidadoras”, señaló.

De acuerdo con la autoridad, si bien instancias como el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades descartaron maltrato físico, no se puede descartar un impacto psicológico en los niños. 

Este no sería un hecho aislado. En lo que va de 2026, se reporta al menos una segunda denuncia en centros de acogida. Un caso anterior, también difundido por medios de comunicación, mostró presuntos hechos de maltrato por parte de funcionarias, lo que derivó en la aprehensión de una persona y procesos investigativos en curso.

Además, Adanoca cuestionó la gestión del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) señalando que existiría un “modus operandi” ante denuncias: trasladar al personal involucrado en lugar de aplicar soluciones estructurales. En ese contexto, mencionó a Beatriz Churata, a quien pidió brindar explicaciones públicas, junto al gobernador Santos Quispe.

Otro punto crítico es el incumplimiento de compromisos asumidos en 2025 entre autoridades departamentales y la Defensoría del Pueblo, especialmente en temas de alimentación y condiciones básicas.

“Hubo momentos en que los niños tenían que alimentarse solo con té y alimentos básicos, pese a existir donaciones”, denunció el asambleísta, sugiriendo posibles irregularidades en el manejo de estos recursos.

Las denuncias también alcanzan a otros centros, como el “Eric Boulter”, donde se investigan presuntas irregularidades en el uso de beneficios destinados a personas con discapacidad.

Frente a este panorama, la principal preocupación gira en torno a las garantías actuales para los menores.

“No basta con denunciar, lo primero es precautelar los derechos de los niños, que son los más vulnerables”, enfatizó Alanoca, quien además planteó la necesidad de una reestructuración integral del sistema de acogida.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso vuelve a evidenciar las debilidades en la administración de estos centros y la urgencia de implementar cambios de fondo que garanticen el bienestar y la protección de la niñez en situación de vulnerabilidad.