Requena alerta que Ley de arraigo vulnera derechos humanos

La diputada de Unidad sostiene que la ampliación del arraigo a exautoridades es inconstitucional, viola la presunción de inocencia y podría afectar a miles de personas sin procesos en su contra.
La diputada de Unidad, Cecilia Requena, afirmó que la reciente modificación a la normativa sobre el periodo de arraigo de exautoridades es atentatoria contra los derechos humanos y carece de sustento constitucional, al vulnerar principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

“Desde mi entender, no es constitucional esta ley y la hace muy vulnerable, además de violar tratados internacionales de derechos humanos, especialmente en lo referido a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso (…) No podemos resolver problemas reales violando derechos humanos sin buscar soluciones más complejas y eficaces”, declaró la legisladora en una entrevista en QNMP.

En la última semana fue aprobada y promulgada la Ley 1709, que amplía el tiempo de arraigo para exautoridades, en este caso a exfuncionarios o autoridades de la gestión del expresidente Luis Arce, de tres a seis meses. Frente a esta decisión, Requena recomendó explorar otros mecanismos legales que no impliquen la vulneración de derechos fundamentales.

La diputada advirtió que la medida podría perjudicar a al menos 5.000 personas que no cuentan con ningún proceso en su contra, pero que serían tratadas como delincuentes, dejando de lado el principio de presunción de inocencia.

Asimismo, recordó que esta norma fue promulgada en 2019 por Eva Copa y calificó la ampliación del arraigo como una medida “muy torpe” para intentar resolver problemas estructurales, además de señalar que la ley presenta principios de nulidad.

Finalmente, Requena sostuvo que los principales casos de corrupción en el país fueron revelados a través de investigaciones periodísticas y no por las instituciones estatales llamadas a cumplir esa labor, lo que, a su criterio, evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos institucionales que deberían investigar casos de corrupción.

¿Qué dice la Ley 1709?