Romer Saucedo: “Existe probablemente fraude procesal” en el caso Mutualista

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se activaron acciones penales y disciplinarias en el marco de las investigaciones por el caso del mercado Mutualista, en Santa Cruz, tras detectarse presuntas irregularidades en la emisión de una sentencia constitucional.

La autoridad explicó que, a partir de un informe de la Comisión de Transparencia, se presentó una denuncia contra dos exmagistrados y una juez de Pailón, quienes habrían intervenido en el proceso. El caso ya fue remitido al Ministerio Público y se espera su admisión para iniciar la investigación por delitos como prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

“Se ha presentado la denuncia en contra de dos ex magistrados y contra la juez de Pailón”, afirmó Saucedo, al detallar que también se enviaron antecedentes al Consejo de la Magistratura para la investigación disciplinaria correspondiente.

El titular del TSJ advirtió que en el análisis del caso se identificaron varias irregularidades. “Existe probablemente fraude procesal en la emisión de esa sentencia constitucional”, sostuvo, además de mencionar “actuaciones ultrapetita y omisión de aplicación de procedimiento”.

Saucedo aclaró que la jurisdicción constitucional no tiene competencia para definir derechos propietarios. “La jurisdicción constitucional lo que hace es tutelar derecho fundamental, no otorgar derecho propietario”, enfatizó.

En esa línea, explicó que el pago de impuestos no acredita la propiedad de un bien. “El pago de impuestos no significa tampoco acreditar un derecho propietario”, señaló, especialmente si el predio se encuentra en litigio.

Sobre la posibilidad de revertir el fallo cuestionado, fue enfático: “Todo se puede modificar”, incluyendo las sentencias constitucionales si se comprueba que fueron emitidas con irregularidades.

Finalmente, remarcó que el TSJ hará respetar los bienes de dominio público y la correcta administración de justicia en el país. “Tenemos el mandato de hacer respetar la propiedad de los bienes que son de dominio público”, concluyó.

El caso Mutualista, agregó, marca un precedente para evitar que este tipo de situaciones se repitan en otras regiones del país.