Santa Cruz arde: incendios forestales ya devastaron más de 6.9 millones de hectáreas, el doble que en 2019

Los incendios forestales en el departamento de Santa Cruz han alcanzado una magnitud alarmante, con más de 6.9 millones de hectáreas consumidas por el fuego hasta el 30 de septiembre de 2024. Esta cifra, que podría seguir en aumento dado que los incendios continúan activos, marca un incremento del 50% en comparación con el récord de 2019, cuando se quemaron más de 3.4 millones de hectáreas.

Según datos de la Fundación Tierra, esta tragedia ecológica no solo afecta a Santa Cruz, sino que representa el “peor desastre de la historia del país”. Hasta la fecha, el departamento ha superado las cifras de incendios forestales que se registraron en todo Bolivia en años anteriores, y las hectáreas quemadas son comparables a la superficie de países como Georgia e Irlanda.

El coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jhonny Rojas, enfatizó la gravedad de la situación: “Este es el mayor desastre de la historia que tuvo Bolivia y Santa Cruz”. Por su parte, la Fundación Tierra advierte que “el 2024 quedará en la memoria de los bolivianos como el año del peor desastre ambiental ocurrido en la historia boliviana”.

Históricamente, los incendios en Santa Cruz han mostrado un patrón preocupante: en 2019 se quemaron 3.4 millones de hectáreas, mientras que en 2020 la cifra fue de 2.1 millones, en 2021 de 2.3 millones y en 2022 de 1.5 millones. En 2023, se reportó un millón de hectáreas afectadas.

Ante esta crisis, la Gobernación de Santa Cruz ha propuesto tres medidas específicas al Legislativo y Ejecutivo Nacional.

Luis Fernando Roca, asesor general de la Gobernación, explicó que la primera medida implica la abrogación de las Leyes 741 y 1171, consideradas como “incendiarias”.

La segunda exige que las autoridades endurezcan las penas para quienes provoquen estos siniestros, ya que hasta ahora solo hay tres personas procesadas por ecocidio.

Además, la Gobernación solicita la implementación de una pausa ambiental en las áreas afectadas para permitir la regeneración y reforestación. También se propone modificar la Ley 602 para sancionar a las autoridades que actúen de manera negligente ante estas emergencias y evitar burocracias en la respuesta.