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TSJ justifica decisión en caso de Jeanine Áñez y ratifica que “no cometió delitos”

Por su parte, la decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmey Ruiz, respaldó el fallo y coincidió en que la exmandataria no incurrió en los delitos por los cuales fue juzgada.

06/11/2025 20:26

Foto: TSJ justifica decisión en caso Áñez y ratifica que no cometió delitos (APG)
Santa Cruz

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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó este jueves que, tras una revisión integral del proceso denominado “Golpe II”, se determinó la nulidad de la sentencia de 10 años que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez, al concluir que no existieron elementos objetivos que configuren delito en su actuación.

“No se observaron los elementos objetivos de ese tipo penal, ello también implica que hubo una vulneración al derecho al debido proceso. No se verificó la aplicación retroactiva de una ley más benigna y, por lo tanto, correspondía la nulidad de dicha sentencia; en consecuencia, la absolución”, explicó Saucedo en conferencia de prensa.

 

El titular del TSJ precisó que las actuaciones de Áñez “no se adecuaban a una conducta antijurídica”, por lo que, de acuerdo con la revisión realizada, “no cometió delitos” en los hechos que se le atribuían.

“Este proceso ahí concluye para ella”, remarcó Saucedo, señalando que la decisión del máximo tribunal de justicia es de carácter definitivo y se enmarca en el respeto a las garantías constitucionales.

 

 

 

Por su parte, la decana del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmey Ruiz, respaldó el fallo y coincidió en que la exmandataria no incurrió en los delitos por los cuales fue juzgada.

“El accionar de la expresidenta del Estado, a nuestro criterio, no ha constituido el delito por el cual fue sentenciada”, afirmó Ruiz, quien además agregó que otras personas en situación similar podrían solicitar la revisión de sus casos ante el TSJ.

Con esta resolución, el Tribunal Supremo de Justicia ratifica la absolución de Jeanine Áñez, quien recuperó su libertad plena tras casi cinco años de detención en el penal de Miraflores. La decisión marca el cierre judicial del caso “Golpe II” y sienta un precedente en materia de debido proceso y aplicación de la ley penal en el país.

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