La defensa del subteniente sindicado por homicidio argumenta que su cliente actuó en legítima defensa, disparando al suelo para salvarse de ser "quemado vivo" por la turba.
09/12/2025 23:39
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Tras la aprehensión del oficial de policía acusado de haber realizado los disparos que causaron la muerte de dos personas durante el conflicto por el botadero en Cotapachi este lunes, su abogado, el Dr. Rolando Ramos, salió en defensa del subteniente, negando la autoría del delito de homicidio y alegando que su cliente fue víctima de secuestro y agresión.
Legítima defensa y ataque de la turba
El Dr. Ramos afirmó que la acción del policía, si bien incluye el uso de su arma de fuego, debe analizarse bajo el contexto de legítima defensa, lo que, según el abogado, lo eximiría de responsabilidad penal. El defensor relató que el policía y sus compañeros fueron rodeados por una multitud violenta: "Mi cliente y los otros tres policías ya habían sido prácticamente rodeados por la turba y no tenían otra alternativa que luchar por su vida".
Detalló la agresión que sufrió el oficial antes de realizar los disparos, indicando que fue alcanzado por esquirlas metálicas: "El teniente que eventualmente está siendo endilgado en responsabilidad de haber usado el arma de fuego, fue objeto de disparos de esquirlas metálicas en un número de 35. Fueron extraídos, en una intervención quirúrgica, cuatro esquirlas. Quedan pendientes todavía 31 y uno de ellos se encuentra en la fosa nasal".
Insistió en que el subteniente disparó al suelo en un intento desesperado por sobrevivir: "Ellos luchaban por su vida, también luchaba por su vida, el otro policía que estaba a punto de ser quemado vivo conjuntamente, mi cliente... él por salvar su vida utilizó [el arma] disparando al suelo, tratando de salvar su vida y la de su compañero de trabajo."
Uso progresivo del arma de guego
El abogado desmintió las versiones que señalan la prohibición total del uso de armas por parte de la Policía en este tipo de operativos, citando el manual institucional. "Escuché decir al director general de la inspectoría de la Policía Boliviana que el manual de operaciones y restablecimiento del orden público prohibiría el uso del arma de fuego. Eso no es cierto", afirmó.
Aseguró que el manual, aprobado en 2017, permite el uso progresivo del arma de fuego, tras agotar la verbalización y el uso de agentes químicos.
Dudas sobre la autoría material y fuego cruzado
Ramos puso en duda que el arma de su cliente haya sido la responsable de la muerte de la persona que se le atribuye, señalando que el deceso ocurrió a una distancia de 3.5 kilómetros del lugar donde su cliente presuntamente quedó herido. Además, afirmó que había otros civiles armados de los grupos en conflicto (seguidores de las alcaldías de Quillacollo y Colcapirhua), por lo que no se debe descartar la posibilidad de un fuego cruzado.
"No solamente el policía tenía armas de fuego. Habían otros civiles que tenían armas de fuego, de los dos grupos... Tampoco se debe descartar la posibilidad que haya habido un fuego cruzado con otros civiles", agregó.
La defensa del policía solicitó al Ministerio Público un trabajo pericial de balística riguroso para determinar la distancia y trayectoria del disparo que causó la muerte. "No se puede decir que mi cliente sea responsable del delito de homicidio. Él ya estaba prácticamente secuestrado", argumentó.
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