Defensa de Camacho no descarta exigir sanciones contra el ministro de Justicia por no cumplir con su liberación

El abogado de Luis Fernando Camacho afirmó que el informe de la ONU es vinculante, ya que Bolivia firmó tratados que le dan un rango similar al de la Constitución Política del Estado a las resoluciones, decisiones, incluso opiniones y recomendaciones de los organismos internacionales de los cuales Bolivia forma parte.

"Me sorprende cuando escucho al ministro de Justicia (César Siles) decir que 'no es la CIDH'. Hay dos mecanismos de Protección de Derechos Humanos; uno, interamericano y otro, universal. La ONU es una organización a nivel mundial. La OEA y la CIDH forman parte de una organización internacional a nivel regional", explicó el abogado Martín Camacho en Que No Me Pierda.

Según el jurista, si el gobierno reconoce la capacidad de la CIDH y la OEA, tiene que reconocer al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria, "que es una especie de equivalente de la CIDH que pertenece, en este caso, a la ONU".

"Esta forma de hacer el reclamo no está para nada desapegada de la ley y además no puede decir que deben agotarse los mecanismos nacionales. No estamos hablando de una absolución, estamos hablando de que la detención del gobernador fue arbitraria", afirmó.

Asimismo, el abogado indicó que el informe no ingresa al plano del juicio, pero se refiere a la aprehensión y la detención, "que son dos circunstancias distintas".

En ese sentido, se considera "la detención como arbitraria" y no dice que el juicio deba suspenderse o continuar.

"No podemos ingresar en ese ámbito, porque estaríamos haciendo lo mismo que el ministro de Justicia; suponer. Los reclamos para que se libere al gobernador ya han sido agotados. Si va a invocar a la CIDH, el mismo ministro de Justicia debe entender que no solo la ONU, sino también la OEA, que no solo el grupo sobre la detención arbitraria, sino también la CIDH, se han manifestado. Ya se ha sobrepasado abundantemente el plazo razonable para la detención del gobernador, que no debía exceder de los 6 meses", dijo.

Así, reiteró que el informe apunta a la "inmediata restitución de la libertad, restitución de sus derechos e incluso una indemnización".

"No existe un plazo en tiempo, es subjetivo, pero quiere decir, en este momento, desde que son notificados. El primero en ser notificado y, lastimosamente, el primero en negarse a cumplir es el ministro de Justicia, cuando debió informar al tribunal para que se proceda a la inmediata restitución de la libertad del gobernador", aseveró.

Explicó que existen mecanismos, establecidos por los países firmantes de los tratados o partícipes de la ONU, a través de los que se puede exigir sanciones, no contra el Estado boliviano específicamente, sino contra las autoridades que no cumplan esta resolución.

"El primero en ser notificado el jueves es el ministro de Justicia, quien por ahora es la única autoridad que ha dicho públicamente que no se va a cumplir la resolución del grupo de trabajo. Por lo tanto, de manera internacional, a la cabeza de Human Rights Foundation y del Dr. Javier El-Hage, se va a exigir, según veamos conveniente la defensa del gobernador, a ciertos países firmantes sanciones en contra del señor Siles por desobedecer una resolución de la ONU en su calidad de ministro de Justicia", anunció.

Según Camacho, las sanciones pueden incluir que se le retire la visa, se le impida viajar a ciertos países, se congelen sus cuentas o se embarguen los bienes que tenga en países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas.