Defensa de colombianos niega vínculos con organización criminal y cuestiona acusaciones

El abogado Romel Ipamo, defensa de ciudadanos colombianos aprehendidos en Santa Cruz, afirmó que no existen pruebas concluyentes que vinculen a sus defendidos con una organización criminal, y cuestionó los elementos presentados en la investigación.

Defensa de 11 ciudadanos

Ipamo explicó que inicialmente asumió la defensa de siete personas; sin embargo, posteriormente los 11 ciudadanos colombianos decidieron ser representados por su equipo jurídico, en el marco del derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Sin sentencia ni pruebas concluyentes

El abogado señaló que, pese a informes policiales sobre antecedentes, no existe ninguna sentencia condenatoria ejecutoriada contra la mayoría de sus defendidos.

“En el cuaderno de investigación no se puede constatar una sentencia condenatoria”, sostuvo.

Descartan organización criminal

Respecto a la supuesta vinculación con el grupo denominado “Los Espartanos”, Ipamo indicó que no se logró acreditar una asociación delictuosa, ni tampoco la existencia de una estructura criminal.

“No se ha demostrado una organización (…) son solamente supuestos”, afirmó.

Contexto del operativo

Según la defensa, los implicados se encontraban participando de una reunión social por un cumpleaños en un inmueble alquilado, donde había más de 30 personas.

En el lugar se encontraron tres armas de fuego en posesión de algunos asistentes, situación que también forma parte de la investigación.

Investigación en curso

Ipamo indicó que el proceso continúa en etapa investigativa y que colaborarán con las autoridades para esclarecer los hechos.

“Queremos que se llegue a la verdad (…) vamos a colaborar con todo el procedimiento”, manifestó.

Detención preventiva

Pese a los cuestionamientos de la defensa, un juez determinó detención preventiva por 180 días para los ciudadanos colombianos en diferentes recintos penitenciarios, mientras avanzan las investigaciones.

Posible deportación

El abogado aclaró que un eventual proceso de deportación o extradición corresponde a un trámite independiente y que, hasta el momento, no se ha formalizado ninguna solicitud en ese sentido.

El caso continúa generando repercusión, mientras se espera que las investigaciones definan responsabilidades y aclaren las circunstancias del operativo.