Fiscalía investiga a cinco funcionarios y un civil por presunta red de corrupción en Derechos Reales

Alberto Zeballos, fiscal departamental de Santa Cruz, brindó detalles este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, sobre la denuncia interpuesta respecto a una presunta red de corrupción y enriquecimiento ilícito que involucra a funcionarios y un civil en Derechos Reales.

Afirmó que al menos cinco funcionarios y un civil son investigados por presunto enriquecimiento ilícito y ya se ejecutó un allanamiento en las instalaciones.

“El Ministerio Público ha procesado una investigación de oficio en virtud a un informe evacuado por la unidad de inteligencia del departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción, en las cuales se ha podido detectar aparentes irregularidades”, manifestó Zeballos.

El fiscal dijo que se efectuará una auditoria la misma, determinará si el daño económico es de 2 millones de bolivianos como se refiere.

“Efectuamos junto a efectivos policiales, un allanamiento en las oficinas públicas de Derechos Reales, a efectos de poder recolectar todos los elementos de convicción que nos permitan descubrir la verdad histórica de los hechos”, afirmó Zeballos.

Así mismo, señaló que se secuestró documentación con relación al hecho que se investiga, específicamente de trámites de diferentes inscripciones, anotaciones preventivas y definitivas, cancelación de gravámenes hipotecarios, entre otros, que se encuentran identificados en el proceso que involucra a personas naturales y jurídicas.

Derechos Reales estaría funcionando de manera normal pese a la investigación y allanamiento suscitado, no se descarta citar a otras personas o ampliar la investigación al margen de estas seis personas investigadas de manera preliminar.

La pasada jornada el Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) de Santa Cruz realizó un allanamiento en las oficinas de Derechos Reales en la ciudad, tras detectar una posible red de corrupción vinculada a la manipulación informática y el enriquecimiento ilícito, que habría afectado al Estado en casi dos millones de bolivianos.

El operativo fue encabezado por la Unidad Anticorrupción, que, en su búsqueda de mayores indicios, ingresó a todas las instalaciones de Derechos Reales, incluyendo la Dirección Departamental de Registros de Santa Cruz (DDRR). Durante el allanamiento, se incautaron documentos y archivos digitales relacionados con trámites irregulares de inscripción y cancelación de bienes inmuebles, que estarían siendo desviados a cuentas privadas de funcionarios de alto rango, el caso está siendo investigado.