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Proceso contra Murillo por caso Senkata se encuentra en etapa inicial, dijo abogado

El abogado de las víctimas, Thomas Becker, señala al exministro como responsable de la planificación y ejecución de los operativos policiales y militares durante la crisis de 2019.

La Paz, Bolivia

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El abogado de las víctimas de Senkata, Thomas Becker, afirmó en el Programa Que No Me Pierda que el exministro Arturo Murillo está directamente involucrado en los hechos de Senkata y Sacaba durante la crisis política de 2019 en Bolivia.

Según Becker, Murillo, quien ocupaba el cargo ministerial durante los operativos policiales y militares, tiene responsabilidad directa en estos hechos, tanto en la planificación como en la ejecución.

“Murillo estaba involucrado en las masacres de Sacaba y Senkata por varias razones. Primero, era el ministro encargado del operativo policial y militar. Estuvo en conversaciones durante lo ocurrido en 2019. Según el mando de responsabilidad en la ley internacional y en Bolivia, quien está a cargo de las tropas o policías tiene la obligación de investigar y castigar a los responsables, y si no lo hace, también puede ser considerado responsable. Él está involucrado en estos delitos que son muy claros”, declaró Becker.

El abogado explicó que los delitos que se le imputan a Murillo incluyen incumplimiento de deberes, corrupción, violaciones a los derechos humanos, casos de tortura, así como masacres y genocidios. “Hay muchas personas en Bolivia que todavía no creen que hubo masacre en Senkata, pero las instituciones internacionales han investigado y han concluido que sí lo fueron”, agregó.

En cuanto al proceso judicial, Becker señaló que aún se encuentra en una etapa inicial. “Para él es una primera etapa porque no ha avanzado su proceso, el juicio contra Murillo no ha comenzado”, afirmó.

Murillo cuenta con un mandamiento de aprehensión y fue declarado rebelde en septiembre del año pasado, enfrentando una condena de 30 años sin derecho a indulto según la resolución 290/2024. Sin embargo, ambos casos han entrado en un limbo jurídico, ya que los tribunales se declararon incompetentes para continuar con el juicio y derivaron la investigación a la Fiscalía General para el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez.

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