Gobierno culpa al “sabotaje legislativo” por inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, afirmó este viernes que Bolivia ha cumplido más del 90% de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pero que su inclusión en la lista gris responde a un contexto de sabotaje político y desinformación, que desde 2021 impidió la aprobación de leyes esenciales para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

“Bolivia cumplió con más del 90% de las acciones recomendadas por el GAFI, hecho que fue resaltado por los representantes del organismo internacional. Sin embargo, en 2021, como efecto de la desinformación, politización y sabotaje movilizado, se evitó la entrada en vigor de la Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo (Ley 1386)”, señala el comunicado oficial del Ministerio.

La postura del Ejecutivo se dio a conocer luego de que el GAFI, en su plenaria conjunta con el organismo europeo MONEYVAL celebrada en Estrasburgo, Francia, confirmara la inclusión de Bolivia e Islas Vírgenes Británicas en su lista de países bajo vigilancia reforzada, conocida como “lista gris”.

El Gobierno recordó que desde 2021 viene alertando públicamente sobre las consecuencias de dejar sin efecto la Ley 1386, que formaba parte de la Estrategia Nacional contra la legitimación de ganancias ilícitas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió en reiteradas oportunidades que sin una base legal adecuada, Bolivia quedaba expuesta al riesgo de ser observada por el sistema financiero internacional.

En respuesta a la decisión del GAFI, Bolivia se comprometió formalmente a subsanar las deficiencias detectadas en el menor tiempo posible, con énfasis en una nueva legislación que permita a las autoridades investigar delitos complejos como el narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero.

Asimismo, el GAFI recomendó que Bolivia refuerce el control y la supervisión de sectores sensibles, como agentes inmobiliarios, abogados y contadores, y que garantice la transparencia sobre los beneficiarios finales de los bienes y activos, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento.

Mire el comunicado del Ministerio de Economía: