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A más de dos años del hecho, la Justicia dictó 30 años de cárcel para la expareja de Odalys Vaquiata. Sin embargo, la ausencia de su cuerpo y las inconsistencias en la investigación mantienen abierto el caso en lo humano.
19/04/2026 10:44
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El inicio: un viaje que terminó en desaparición
El 29 de marzo de 2024, en pleno feriado de Viernes Santo, Odalys Vaquiata y su pareja, Joel Pérez, decidieron viajar hacia los Yungas del departamento de La Paz. El destino era la localidad de Tocaña, donde participarían en una fiesta.
Un día después, el 30 de marzo, ambos fueron vistos en el evento. Esa misma noche habrían decidido retornar a la ciudad de La Paz a bordo del vehículo de Odalys. Según la versión del acusado, durante el trayecto de regreso se produjo una discusión, tras la cual la joven descendió del automóvil en el sector de Yolosita.
Joel Pérez sostuvo que intentó buscarla sin éxito. Afirmó además que ambos habían consumido bebidas alcohólicas y que, durante la noche, recibió una llamada del hermano de Odalys, la cual él respondió porque el celular de la joven permanecía en el vehículo.
Tras estas declaraciones, y un supuesto intento de dar con el paradero de Odalys, Joel retornó a la ciudad de La Paz solo, encendiendo las alarmas para los padres de la víctima, quiénes comenzaron a trabajar en la búsqueda de su hija.
Las primeras horas: denuncia, sospechas y contradicciones
El 31 de marzo, tras no encontrarla, Joel se comunicó con la familia de Odalys, que de inmediato se trasladó hasta la zona. Ese mismo día se formalizó la denuncia por desaparición y comenzaron los primeros operativos de búsqueda.
Sin embargo, también se conoció un dato clave: el mismo 30 de marzo, el acusado había sido arrestado por conducir con aliento alcohólico. Este hecho, sumado a que tenía en su poder las pertenencias de la joven, generó sospechas inmediatas, lo que derivó en su aprehensión a solicitud de la familia.
Despliegue de búsqueda: drones, canes y rastrillajes
El 1 de abril, unidades de Bomberos, la Patrulla Caminera y efectivos policiales de la región iniciaron rastrillajes intensivos en los Yungas. Paralelamente, divisiones especializadas como Trata y Tráfico de Personas y Homicidios conformaron un equipo conjunto para investigar el caso.
Entre el 2 y el 4 de abril, familiares y allegados se movilizaron en la ciudad de La Paz, exigiendo justicia en las puertas del Tribunal. En ese contexto, la Justicia determinó la detención preventiva de Joel Pérez.
El 5 de abril, más de 20 efectivos policiales participaron en los operativos, apoyados por drones y canes. Ese mismo día, surgió un video en el que se observa a Odalys bailando en la fiesta en Tocaña, lo que permitió reconstruir parcialmente sus últimas horas.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) identificó al menos cuatro contradicciones en las declaraciones del acusado, fortaleciendo la hipótesis de un crimen.
Pedidos de apoyo y cuestionamientos
Ese mismo 5 de abril, la Fiscalía solicitó apoyo al Ministerio de Defensa para contar con drones, helicópteros y personal especializado. Esta solicitud generó molestia en familias de personas desaparecidas, quienes denunciaron no haber recibido un nivel similar de apoyo en sus casos.
El 6 de abril, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó que la Policía creía estar cerca de encontrar el cuerpo en una zona donde “desaparecen los indicios”. Sin embargo, el hallazgo nunca se concretó.
Evidencias y nuevas líneas de investigación
El 7 y 8 de abril, la Justicia ratificó la detención preventiva de Joel Pérez por cuatro meses en el penal de Qalauma. Su defensa denunció presuntas torturas.
El 9 de abril, la Fiscalía solicitó el uso de helicópteros para ampliar la búsqueda, aunque la Policía consideró que, por la geografía del lugar, estos recursos serían poco efectivos frente al uso de drones.
Ese mismo día, se difundió una entrevista en la que el acusado negó haber cometido el crimen.
“No es que la he atropellado, no es que la he matado”, aseguró, añadiendo que se alejó con el vehículo para “asustarla”.
El 10 de abril, cinco drones y 22 expertos de las Fuerzas Armadas se sumaron a los operativos. La Policía habilitó una línea telefónica para recibir información de la población.
El 11 de abril, el exviceministro Jhonny Aguilera afirmó que las versiones del acusado eran falsas y que existía una planificación del hecho.
Posteriormente, se encontraron rastros de sangre en el vehículo de la joven, lo que se convirtió en una de las pruebas más relevantes del caso.
Investigaciones paralelas y más dudas
El 15 de abril, el exviceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, no descartó la hipótesis de un secuestro.
El 19 de abril, la investigación fue declarada en reserva por la Fiscalía. Días después, pericias al vehículo revelaron inconsistencias en la versión del acusado, como el supuesto uso de herramientas que nunca fueron utilizadas.
El 30 de abril, un policía fue aprehendido por presuntos vínculos con el acusado, tras evidenciarse comunicación constante con su entorno.
El 22 de mayo, en el cumpleaños de Odalys, familiares realizaron una vigilia en la plaza Plaza Abaroa, en medio del dolor y la incertidumbre.
El 29 de mayo, surgieron nuevas versiones contradictorias, incluyendo testimonios que aseguraban haber visto a la joven con vida, los cuales fueron descartados por la familia.
El juicio: más de 100 pruebas y una condena histórica
Tras más de dos años, el juicio oral comenzó el 13 de abril de 2026. El Ministerio Público presentó más de 100 pruebas, entre informes periciales, registros de llamadas, mensajes y declaraciones testificales.
A pesar de la ausencia del cuerpo, la Fiscalía sostuvo que el conjunto de evidencias era suficiente para demostrar la responsabilidad de Joel Pérez.
Finalmente, la Justicia dictó una sentencia de 30 años de prisión sin derecho a indulto, que deberá cumplir en el penal de Chonchocoro. En contraste, los padres del acusado fueron absueltos. Sin embargo, a pesar de esta última determinación, se informó que los padres del acusado continúan en celdas policiales.
Una herida abierta
Pese a la condena, el caso de Odalys Vaquiata sigue sin cerrarse completamente. La familia continúa exigiendo conocer el paradero de la joven, mientras el caso se convierte en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Bolivia.
La sentencia marca un precedente judicial, pero deja una interrogante que persiste con fuerza: ¿dónde está Odalys?
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