Diputada presenta recurso contra la reelección indefinida en El Salvador

Una diputada opositora en El Salvador presentó este viernes ante la Corte Suprema una demanda de inconstitucionalidad contra la reelección presidencial indefinida, aprobada recientemente por el Congreso para permitir la continuidad del presidente Nayib Bukele.

En un trámite exprés, la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida y amplía el mandato presidencial de cinco a seis años.

“Venimos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de las reformas que se hicieron la semana pasada a la Constitución de la República”, declaró a la prensa la diputada Claudia Ortiz, del partido derechista Vamos.

“Habilitar la reelección indefinida de la presidencia de la República violenta uno de los principios más importantes de la Constitución, que es la alternancia en el ejercicio del poder”, añadió.

El Congreso, compuesto por 60 miembros —solo tres de ellos opositores—, también decidió sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, y eliminar la segunda vuelta electoral.

Ortiz explicó que su recurso, presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, busca impugnar específicamente la disposición que permite la reelección indefinida. La Sala deberá evaluar si la demanda cumple los requisitos para ser admitida.

Reacciones nacionales e internacionales

Organizaciones de derechos humanos han calificado la medida como un “golpe” y un “tiro de gracia” a la democracia salvadoreña, afirmación que Bukele rechaza.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la OEA, advirtió que la reelección indefinida “representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho” en el país.

“La CIDH insta a reconsiderar la reforma que permite la reelección indefinida o la permanencia prolongada de la misma persona en el poder Ejecutivo”, señaló en un comunicado.

Bukele, en el poder desde 2019, mantiene altos niveles de popularidad por su “guerra” contra las pandillas, que ha reducido la violencia a mínimos históricos. Sin embargo, su política de seguridad se sostiene en un régimen de excepción cuestionado por organismos de derechos humanos.

En 2024, la reelección del mandatario ya había sido objeto de controversia, pues, aunque estaba prohibida constitucionalmente, fue avalada por un fallo judicial emitido por magistrados afines.