El Senado uruguayo aprobó por amplia mayoría la ley de “Muerte Digna”, que regula la eutanasia y asistencia médica para morir.
15/10/2025 23:00
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El Senado de Uruguay aprobó este miércoles, por amplia mayoría, la ley de “Muerte Digna”, que autoriza la eutanasia bajo condiciones específicas. Con esta decisión, el país se convierte en el primero de América Latina en legalizarla mediante una norma aprobada por el Parlamento.
La votación concluyó con 20 votos a favor de 31 senadores presentes, tras más de diez horas de debate considerado “respetuoso y emotivo”. Aunque la sesión culminó con aplausos y abrazos, un grito de “asesinos” desde las gradas interrumpió brevemente la calma del recinto.
“Paz impresionante”
Entre quienes siguieron la sesión estuvo Beatriz Gelós, una paciente de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y una de las principales impulsoras de la norma.
“Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana”, había expresado días antes.
Gelós, de 71 años, convive con ELA desde los 52. En silla de ruedas, aseguró que quienes se oponen a la ley “no tienen idea de lo que es vivir así”.
Una ley con garantías
La ley establece que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad, residentes en el país, mentalmente aptas y con enfermedades terminales o padecimientos incurables que generen sufrimientos intolerables.
El proceso incluye evaluaciones médicas, consentimiento informado y registro escrito de la decisión.
El senador Daniel Borbonet, del oficialismo, destacó que se trata de “un texto sólido y con seguridad jurídica”.
Otros legisladores, como Pedro Bordaberry, expresaron reparos y lo consideraron “una ley que fomenta la muerte asistida”.
Un país pionero en derechos
Con esta aprobación, Uruguay se suma a naciones como Canadá, España y Países Bajos, que ya regulan la muerte asistida.
El país, de tradición laica y con historial de leyes progresistas, añade la eutanasia a su lista de avances que incluye el aborto legal, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis.
El Colegio Médico de Uruguay no adoptó una postura institucional, pero participó en la redacción del texto “para garantizar derechos tanto de pacientes como de profesionales”.
La Iglesia católica y varios grupos civiles manifestaron su “tristeza” y advirtieron sobre los “riesgos éticos” de la norma.
La reglamentación final estará a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá definir los protocolos médicos y mecanismos de control antes de su aplicación.
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